21 Noviembre 2024
Actualizaciones para prestadores de servicios para personas con discapacidad. ARCHIVO LA GACETA
En el Gobierno preparan una auditoría del sistema de prestaciones por discapacidad en todo el país. Según explicaron, se debe a las irregularidades que siguen surgiendo en los relevamientos que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La tarea quedará a cargo del PAMI a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la Andis. La obra social de jubilados y pensionados enviará citaciones para poder relevar los servicios brindados y si los beneficiarios los reciben efectivamente. En una primera etapa, se enviarían unas 400.000 cartas para esa evaluación, publicó La Nación.
En la Andis, del cruce de información del Programa Incluir Salud –a través del que liquidan esas prestaciones– con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) surgieron irregularidades: identificaron que 150 beneficiarios que habían fallecido seguían apareciendo en la nómina como “activos”, con prestaciones mensuales y presenciales.
“En cuanto al tiempo –precisaron desde la agencia–, se detectó que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos que se habían facturado y tenían el pago cancelado a los prestadores”. Calculan que, de esa forma, 102 instituciones “percibieron indebidamente” $1355 millones a lo largo del país.
Relevamiento de beneficiarios
Las prestaciones por discapacidad son el cuarto presupuesto más grande en la Argentina. Funcionarios involucrados en la preparación de la nueva auditoría estiman que hay entre un 60% y un 70% de prestadores que no están brindando servicios de forma regular.
La Andis le entregará al PAMI los datos de las 1123 instituciones que actualmente tienen convenio con la agencia para brindar atención, transporte o educación a las personas con discapacidad. Hay 32.000 beneficiarios con prestaciones por discapacidad.
En agosto pasado, a propósito del relevamiento de pensiones otorgadas irregularmente, en la Andis explicaron que el sistema de pensiones con el que se encontró el equipo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la agencia, era “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. También, en ese momento, incluyeron al circuito de prestaciones.
Plantearon que Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires eran las provincias con más irregularidades detectadas en lo que hace a la entrega de pensiones. A la vez, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes eran los distritos que aparecían con más pensiones entregadas durante la gestión de Alberto Fernández en proporción con el tamaño de la población de esas jurisdicciones.
“Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos. Fue a partir de esa información que estimaron que, solo en 2023, hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos U$S3400 millones.
La salud mental era el principal motivo en los certificados médicos para solicitar la pensión. En casos que están judicializados en el norte del país, dieron con un profesional que extendió un centenar de certificados y exigió montos de $40.000 a cambio de ese documento necesario para solicitar la pensión.
Ahora, avanzarán con el circuito de prestaciones, mientras la Andis sigue con el relevamiento de pensiones otorgadas, que ahora se está haciendo en Chaco, después de completar el AMBA.
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