Si la intendenta hablara…

El jueves de esta semana que nunca más volverá tuvo como protagonista central a la señora de los ojos vendados que, con toga provincial, le cerró las puertas para investigar a un legislador y, con toga nacional, le dijo al oficialismo universitario que habían encarado mal las cosas cuando pergeñaron la estrategia para seguir en el poder.

El legislador Manuel Courel dio a conocer que el fiscal Diego Hevia le negó la posibilidad de ser parte en el juicio sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de la intendenta cuyo apellido es idéntico al nombre del municipio en el que gobierna.

Los políticos son personas virtuosas. Sus palabras tienen magia porque convencen, seducen. Sus gestos suelen ser contagiosos. Sus procederes están imantados y logran repeler asuntos y atraer otros. El político en su camino hacia el poder es un raro espécimen de Supermán.

Pero Raquel Graneros pareciera tener un poder mayor aún. Además de ser capaz de construir consensos que le dan votos, es una ingeniera de la imaginación que ha logrado levantar grandes muros de silencio. No es que sea una mujer de pocas palabras, sino que ha conseguido que los otros no las tengan.

Es curioso el caso de esta intendenta que se hizo famosa por las redes sociales pero no por ser tik-tokera como una colega suya, sino por versiones de que sería propietaria de una casa en el country de Las Yungas. Entre los que fueron a Tribunales para corroborar si Graneros podía adquirir esa vivienda estuvo el legislador Courel. Él confirma que ni las inmobiliarias ni los que vendieron la propiedad ni nadie quiere hablar. Seguramente, todos callan por conveniencia.

Raquel Graneros no habla. Habla su abogada. Desde el punto de vista judicial, la decisión puede ser comprensible: toda persona denunciada tiene derecho a organizar su defensa, a no autoincriminarse y a responder por medio de sus representantes legales. Pero una intendenta no es solamente una persona sometida a una investigación. Es también una autoridad elegida por los ciudadanos y, en ese carácter, tiene una responsabilidad política que no puede delegar completamente en un estudio jurídico.

Paula Morales Soria es quien habla por la intendenta. Dice que no hay pruebas y que se ha producido un circo mediático sobre el caso, pero tal vez lo más importante es que sostiene que la propiedad que estaría en los lotes 70 y 71 del sector 12 de Las Yungas no es de su cliente.

La abogada tiene, sin dudas, argumentos para defender esa afirmación. En el registro catastral de la provincia ambos sitios están a nombre de Guillermo Cotella, quien fuera el desarrollador del country en cuestión.

Entonces, con esa documentación, Morales Soria podría confirmar que Graneros no es dueña porque no está a su nombre la vivienda.

Está claro que un abogado puede discutir si los hechos constituyen o no un delito. Puede cuestionar la denuncia, puede ofrecer pruebas y también puede explicar la legalidad de la operación. Lo que no puede hacer es reemplazar la palabra política de la intendenta. Hay preguntas que solo ella debería responder: ¿Si son ciertas las versiones? ¿cómo reunió los fondos?, ¿de qué manera pagó la propiedad?, ¿cómo aparece reflejada la adquisición en su declaración patrimonial? y, principalmente, ¿si tiene algún inconveniente para expresarse? o, en todo caso, ¿por qué no habla? Respondidas esas preguntas, todo sería mejor para la política tucumana.

En el ámbito penal, el silencio es un derecho. En la actividad política, en cambio, el silencio también es un mensaje. Puede transmitir prudencia procesal, pero además puede revelar la decisión de no rendir cuentas. Y cuando una autoridad decide no explicar, el problema deja de ser solamente aquello que pudo haber hecho. Empieza a ser también aquello que se niega a decir.

El gobernador de la Provincia aplicó la prudencia al sugerir que no se debería prejuzgar sobre la situación de la intendenta de Graneros. Tiene cierta lógica porque la presunción de inocencia debería ser respetada. Pero no puede ser utilizada como una excusa para cancelar todas las preguntas. Una cosa es no condenar sin pruebas y otra muy distinta es aceptar que no haya explicaciones. La sociedad, mientras tanto, tiene derecho a evaluar si hubo transparencia, responsabilidad y ejemplaridad.

Liebre y tortuga

Por ahora, la investigación a brinco de liebre o a paso de tortuga está en la Justicia. Pero en Las Yungas habría una deuda de expensas. La doctora Morales Soria pone en duda el documento que estaría en el despacho del fiscal Hevia en el que sí figura el nombre de la intendenta, con el número de los lotes referidos y con un pasivo. No obstante, la letrada dice que es de dudosa veracidad. En estas instancias lo que se pone en juego son otras cuestiones. Porque, si existe esa deuda, la supuesta morosidad de Graneros desnuda el comportamiento que tiene con sus obligaciones. Y, una intendenta además de sus responsabilidades personales también tiene la que le delegó el pueblo que la votó.  El no pago de las expensas dejaría al descubierto dos comportamientos difíciles de conciliar: una extraordinaria capacidad para adquirir y una llamativa incapacidad —o falta de voluntad— para cumplir. Estaría en condiciones de comprar lo excepcional, pero no de pagar lo cotidiano. Si la intendenta hablara…

También podría ocurrir que algunos responsables de elaborar el listado de las expensas haya decidido hacer una broma de mal gusto y puso el nombre de la intendenta en el informe cuando ella no es propietaria. Pero no hay denuncias contra los administradores por este hipotético error. Si la intendenta hablara…

No es solamente un problema privado. Las expensas impagas son obligaciones que terminan deteriorando la relación entre los demás vecinos. Es una pequeña representación de una práctica demasiado conocida en algunas acciones públicas: apropiarse individualmente de los beneficios y trasladar colectivamente los costos.

La cuestión adquiere una gravedad adicional porque la protagonista sería una intendenta. Quien gobierna les exige a los ciudadanos que paguen tasas, impuestos, multas y servicios. Por eso, antes incluso de cualquier consideración penal, aparece un problema de autoridad moral: resulta difícil reclamar cumplimiento desde el Estado cuando no se cumple en la vida personal. Si la intendenta pudiera explicar esto, todo sería más simple.

Un papel

En medio de los silencios, el legislador insiste con que hay un papel de mayo donde figura el nombre de Raquel Graneros con una deuda. En ese documento que, según la defensa de la intendenta podría ser apócrifo, dice que la deuda es de casi un millón de pesos contabilizando los dos lotes ($ 540.000, por uno y $ 536.000, por el otro). En junio la situación no habría cambiado. Tiene lógica porque si la intendenta no es la dueña no tendría por qué pagar lo que no es de ella. Pero, ¿Por qué no pagaría la pareja que tenía esos lotes, salvo que los hubieran vendido?. Mientras tanto, que a las expensas las pague el fantasma Matías, en todo caso. ¿Y, en julio? Tampoco y Matías se debe haber quedado sin plata. Los meses de morosidad más los intereses harían que la deuda llegue a unos cinco millones de pesos. Si fuera así, menos aún sería posible que la intendenta abone porque ya afectaría un porcentaje importante de su salario y se complicaría aún más su situación personal.

Sin embargo, pareciera que finalmente, Matías o algún otro fantasma se habría hecho cargo del pago de las expensas ya que como por arte de magia se abonó la deuda sin dejar huellas digitales -los fantasmas no las tienen-. Cuentan en Las Yungas que el fantasma habría abonado la deuda desde algún Pago Fácil u otro lugar sin registro. Así que los vecinos, por ahora, no se verían perjudicados ya que las expensas están al día.

Otros vecinos se animan a contar -siempre desde el silencio de la complicidad y del miedo- que alguna vez vieron otros fantasmas parecidos a la intendenta, pero desde que las redes sociales la hicieron famosa, se evaporó su figura.

La omertá

Cuando el legislador recibió la notificación de que no podía ser parte de un raro laberinto en el que el silencio consolida sus vericuetos llegó a una conclusión preocupante. Según lo expresó en LG Play, existe una explicación: “hay un sistema diseñado para blindar el poder político en Tucumán”. El énfasis con el que lo dijo permitiría inferir que ha hecho un descubrimiento. Nada más lejos de la realidad después de que muchas causas en las que aparecen figuras públicas encuentren más pozos que los que hay en muchas calles de Yerba Buena o de la misma Capital.

El entusiasmo del legislador, por su denuncia tal vez, no le permite ver que él es parte también del deterioro institucional que él mismo mira azorado. Es un artífice importante de una Legislatura que no puede hablar de su presupuesto con tranquilidad. La imposibilidad del Presidente de la Cámara Miguel Acevedo para precisar cómo es la remuneración de los legisladores cuenta con la complicidad de los representantes del pueblo. La mayoría es de un oficialismo potente que calla y hace silencio sobre algo que si se transparentara enaltecería institucionalmente a la provincia. Pero Courel, como otros opositores, aporta con su silencio absoluto para evitar que se conozca. Es incapaz de preguntarse o de responder estas cuestiones. Es que él también contribuye a otro blindaje del poder político.

Palabra de abuelo

Las ambiciones y la resistencia a aceptar las reglas terminan erosionando las instituciones. La Universidad Nacional de Tucumán habría perdido menos tiempo y se habría ahorrado parte del daño si quienes pretendían perpetuarse hubieran comprendido que el poder también debe reconocer límites. La Justicia Federal puso este jueves quicio al desquicio, algo que todavía parece difícil de imaginar en la investigación sobre Graneros o en una Legislatura que se niega a explicar sus propios privilegios. Decían los abuelos que quien calla, otorga. En Tucumán, sin embargo, el silencio parece haber avanzado un poco más: ya no solo otorga, también protege, encubre y gestiona.