Un dato que confirma la recesión

Pablo Pero - Economista (UNT)

Este año, la Dirección General de Rentas de la Provincia ha dejado de publicar la recaudación mensual, como siempre había sabido hacerlo. Esta situación se ha mantenido a pesar de haberse informado oportunamente y en forma privada a las oficinas responsables. La importancia del acceso a la información pública se sostiene en que la ciudadanía puede exigir mejores políticas públicas cuando cuenta con información relevante para evaluar las acciones de gobierno. En los sistemas políticos donde estos mecanismos son eficaces, el control social que se ejerce por fuera de los períodos electorales y de manera constante y sectorizada, fortalece el proceso de toma de decisiones, contribuyendo con la mejor formulación de políticas públicas.

Según el informe “Hacia una agenda de buen gobierno. Mapa de calidad institucional de las provincias argentinas”, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Tucumán es una de las provincias más retrasadas en lo referido a acceso a la información pública. Este informe construye rankings objetivos a través del cual se puede medir el desarrollo institucional de las provincias. En la sección de acceso a la información, Tucumán se encuentra penúltima. Para ilustrar esta situación, se puede agregar que de acuerdo a la campaña “Saber es un Derecho” -llevada adelante por varias organizaciones como el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), el Foro de Periodistas Argentinos (Fopea), y el mismo Cippec, entre otras-, en 18 provincias argentinas ya hay normativas referidas al libre acceso a la información pública. Ya sean leyes, decretos, o inclusive ordenanzas municipales. Tucumán aún está ausente en esta lista de constante crecimiento.

A través de Contaduría General de la Provincia se puede obtener un aproximado de la recaudación. Esta repartición publica los datos agregados, es decir, la recaudación total sin clasificar por tipo de impuestos. Así, el nivel de análisis que puede realizarse es menor. Sin embargo, estos datos permiten constatar que por primera vez en varios años la recaudación en términos reales (controlada por inflación) cae con respecto al mismo mes del año anterior desde hace siete meses en forma consecutiva.

Esta conclusión surge al comparar los datos hasta agosto, y posiblemente se extendería de disponer de datos más actualizados. Cabe notar que agosto es el último mes con información presentada, lo que también significa un retraso, dado que esta repartición tiene la costumbre de publicar los datos del mes anterior con un intervalo de 30 días.

La menor tasa de crecimiento de la recaudación es un dato importante, ya que es un indicador del nivel de actividad económica; siete meses de caída interanual en la recaudación a pesos constantes confirman la recesión. En términos nominales, o sea en pesos corrientes, la recaudación acumulada de enero a agosto ha crecido un 26% respecto de igual período del año anterior. La diferencia entre la inflación y ese aumento de la recaudación evidencia el estancamiento del mercado local.

La recesión no puede ser imputada a las autoridades locales. Ampliar el acceso a la información, sin embargo, es una decisión al alcance de los encargados de la administración provincial, y constituye una herramienta fundamental para trabajar, entre todos, en pos de revertir la situación económica actual. Esta situación nos lleva al dilema que han tratado de resolver las democracias modernas: ¿Qué resulta más útil para las sociedades, un gobierno ilustrado que se encargue del bienestar del pueblo, siendo chequeado en su accionar en todo caso a través de elecciones periódicas; o un gobierno más restringido en sus decisiones, donde el control y los cambios ocurren a través de la participación de una sociedad que se encuentra permanentemente representada a través de diversas instituciones, como los otros poderes del Estado y los organismos de la sociedad civil? En el caso bajo análisis el dilema tiene una aplicación simple. En una posibilidad el gobierno no presenta los datos y gobierna a ciudadanos que no comparten la misma información. En la otra posibilidad, al partir de un mismo nivel de conocimiento, el gobierno podría explicar su realidad más claramente, consiguiendo mayor entendimiento por parte de la ciudadanía.

La teoría económica en boga sugiere una respuesta a través de su interpretación mayoritaria de la evidencia empírica. Sostiene que el primer método, el de mayor poder del administrador, es útil cuando hay un Estado inexistente o en creación; sin embargo, cuando la sociedad ya se ha organizado y la economía ha empezado a funcionar, el esquema de mayor división de poderes y empoderamiento ciudadano es el que asegura un mayor crecimiento económico para las sociedades.