BRASILIA, Brasil.- El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil José Antonio Dias Toffoli anuló todas las pruebas obtenidas en contra del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a partir de las delaciones premiadas por el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y catalogó el arresto del líder del Partido de los Trabajadores entre abril de 2018 y noviembre de 2019 como un “error histórico”.

Los acuerdos de delaciones premiadas firmados en el marco del Lava Jato en 2017 deberán volver a jueces de la primera instancia para revisarse, porque Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado.

Así, el juez del Supremo admitió el pedido de la defensa de Lula y declaró como inútiles las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales” por el ex juez Sergio Moro y los ex fiscales de la operación Lava Jato. Además, aseguró que la intención era la de “poner a un líder político entre rejas”.

“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones ‘contra legem’ (contrarios a la ley)”, manifestó el juez del STF al respecto de la condena a Lula, que pasó 580 días en prisión y no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2018, ganadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Finalmente, Toffoli catalogó el ingreso en prisión de Lula -que fue presidente entre 2003 y 2010- como “el huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y las instituciones”.

“Me sorprendieron las autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar a instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos”, apuntó.

El juez del STF insistió en que las pruebas obtenidas por Moro para incriminar al presidente Lula fueron obtenidas por medios ilegales, como tortura psicológica, y apuntó que el caso dejó secuelas físicas y mentales a acusados y testigos, destruyó activos públicos y privados nacionales e incluso arrebató vidas.

La respuesta de Moro, el juez de Curitiba que ordenó encarcelar a Lula -pese a que no tenía jurisdicción en la causa- después fue ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora es senador, no se hizo esperar: “La corrupción en los gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6000 millones de reales para Petrobras. Ese fue el trabajo del Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los tribunales superiores. Los brasileños han visto, apoyado y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y toda nuestra actuación fue legal. Lucharemos, en el Senado, por el derecho a la verdad, la integridad y la democracia”, posteó Moro en Twitter.

Lula fue detenido en abril de 2018 acusado de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, algo que Toffoli cuestiona. Estuvo preso 580 días, en una celda en Curitiba, hasta que el STF anuló el arresto en segunda instancia, con el voto en contra de Toffoli.

En 2021, el máximo tribunal brasileño anuló todas las condenas de Lula, lo que abrió la puerta para que el dirigente político se presentara a las elecciones en noviembre de 2022, en las que derrotó a Bolsonaro.

El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, celebró la decisión del STF, que deja atrás “una de las páginas oscuras” de la historia del país. ”La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia de Lula, que fue injustamente juzgado sin debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”, escreibió en redes sociales.

”Cuando el Ministerio de Justicia reciba la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, agregó.

Así, Brasil da un paso en el camino a demostrar que Lula fue víctima de una guerra judicial, como la que venía denunciando.