Los recambios institucionales suelen ser traumáticos. Los nuevos gobernantes quieren saber qué reciben de los que se van. Se trata de un proceso natural en una transición ordenada constitucionalmente y en la que la sociedad quiere saber cuál es el balance del que se va y cuáles son los proyectos concretos del que viene. Esto sucede tanto a nivel provincial, en general, como también en cada una de las Municipalidades, en particular.
Las elecciones fueron concebidas para que el ciudadano defina quién o quiénes los gobernarán por un período determinado. Esa decisión es más relevante cuando el país en el que llega el turno electoral se encuentra en crisis y las autoridades no encuentran el camino hacia la estabilización de la economía. La expansión del gasto público se observa con mayor fuerza en los años impares, cuando los argentinos son convocados a las urnas. Este 2023 no ha sido la excepción a la regla, aunque los comicios llegan en un momento difícil, en el que la inflación se espiralizó por efecto de una devaluación brusca adoptada por una gestión que no tiene las divisas suficientes para sostener las reservas del Banco Central. Esas reservas contribuyen a sostener el precio del dólar en el mercado cambiario y a pagar compromisos asumidos en el exterior. En este marco, la política debe hacer un esfuerzo extraordinario para eliminar todas aquellas erogaciones consideras superfluas o que no sean destinadas al sostenimiento de los servicios esenciales que presta todo Estado.
La austeridad es el signo de estos tiempos. Tras un período de incremento de los ingresos, hoy el Estado nacional se encuentra con restricciones frente a las obligaciones asumidas con sus acreedores (en particular el FMI), mientras que las provincias no tienen demasiado margen de maniobra fiscal para permitirse que los gastos superen sus ingresos y, en consecuencia, se consolide la tendencia al tiempo que, en otros momentos, ha llevado a esos distritos a la emisión de cuasimonedas, al no contar con otros mecanismos de financiamiento.
La realidad actual obliga a las actuales autoridades a realizar los deberes de rigor para entregar el mando al futuro gobierno (municipal, provincial y nacional) con el mejor escenario fiscal posible y, además, con un informe detallado acerca de la situación de las cuentas públicas, la dotación de personal que cuenta y hasta el parque automotor con el que se puede contar.
Otra cuestión esencial es no aumentar la carga de obligaciones en el sector público. La presión de las demandas es tal que, en la Casa de Gobierno tucumana, un ministro del Poder Ejecutivo colgó en su oficina un cartel con la siguiente leyenda: “no se tramitarán más pedidos de nombramientos ni recategorizaciones”. El mensaje es claro, aunque resta establecer si esa orden gubernamental tiene la fuerza suficiente para mantenerse, al menos, hasta antes del ingreso del nuevo gobernante. El Estado, en todas sus dimensiones, necesita mostrarle a la sociedad cómo se ha gestionado y cuáles pueden ser las soluciones a los problemas que arrastran. De eso se trata aquella definición de una gestión transparente y austera con el dinero que aporta la sociedad.