El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición llegaron a dos acuerdos parciales para que se celebren elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

El entendimiento señaló que las partes pactan "proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del 2024 atendiendo al cronograma constitucional".

También establece la solicitud de invitación de misiones técnicas de observación electoral, que incluyen a la Unión Europea (UE), el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Maduro celebró el entendimiento. “En cualquier circunstancia siempre hemos buscado el diálogo; no ha sido fácil este camino, pero gracias a la conciencia y la fuerza de nuestro pueblo heroico, poco a poco vamos saliendo adelante”, afirmó.

“Con la firma de estos acuerdos estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia, en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional. ¡Que viva el pueblo! ¡Victoria!”, agregó.

El oficialismo y la Plataforma Unitaria, que agrupa a la mayor parte de la oposición, dejaron claro también el rechazo a "cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela".

El texto dispone “reconocer el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las presidenciales, de manera libre”.

El punto es central, porque la Plataforma Unitaria hará el domingo próximo sus primarias para decidir su postulante para el año próximo, y aunque hay una decena de aspirantes, quien más chances tiene de ganar es la exdiputada María Corina Machado.

Pero Machado, para el Gobierno, está impedida de ejercer cargos públicos, igual que el exgobernador Henrique Capriles -quien ya anunció su renuncia a la competencia-, por decisión de la Controlaría.

El acuerdo

En el acuerdo no se menciona qué pasará con esas inhabilitaciones, que la oposición considera inconstitucionales. Sin embargo, el documento habla de permitir a todos los candidatos "siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en una elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".

Sí afirma el texto que ambos sectores continuarán el proceso de diálogo y negociación. 

Se resolvió que “las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un conjunto de garantías electorales para todos los actores, teniendo como base lo previsto en la Constitución y la ley”, aunque el mismo CNE está puesto en debate y probablemente se avance hacia su reforma.