Definir cuál es el plan de seguridad que implementará el presidente electo Javier Milei es por el momento un misterio. La única certeza es que la elegida como vicepresidenta Victoria Villarruel será la encargada de seleccionar al hombre que estará al frente de la cartera.

Pero más allá de nombres, Villarruel durante toda la campaña esbozó cuáles serían los ejes en un área clave. “Creo que hay que esperar un poco. En la campaña dijeron de todo, pero hay que ver qué es lo que quieren hacer. No nos olvidemos de lo que sucedió con la portación de armas”, dijo el legislador José Cano. Estos son los puntos que podrían, al menos, abrir el debate en los próximos días.

1- “Tolerancia cero”. Una estrategia importada de Estados Unidos

“Tolerancia cero” es el programa que lanzó en 1993 Rudoph Giuliani para frenar los altos índices delictivos que se registraban en la ciudad de Nueva York. “Es un esquema que busca el equilibrio entre la prevención y la persuasión. Es la reacción a las inconductas más leves como los delitos más graves”, explicó el especialista en temas de seguridad Federico Pelli.

“El problema radica en saber si la Justicia y el sistema carcelario están preparados para llevarla adelante. Esta es una política que no debería aplicarse hasta que se concreten algunas reformas mucho más profundas”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

“’Tolerancia cero” es una frase de trascendencia internacional. El Liberalismo defiende al ciudadano de bien que cumple con la Ley. No vamos a considerar al delincuente como víctima”, expresó Juan Coria, uno de los referentes de Libertad Avanza en nuestra provincia. “Hay ideologías que llevaron a los delincuentes a ser considerados como víctimas de la sociedad y eso solo llevó a que los criminales les causen más y más daño a los ciudadanos de bien”, opinó.

“Hay otra cuestión que no es menor. Las fuerzas deben recuperar la autoridad para llevar adelante esta iniciativa que nunca se implementó en el país. Para ello se debe implementar toda una reforma para que el ciudadano vuelva a creer en ellos”, destacó Pelli.

“A la seguridad no se la construye sólo desde la prevención del delito, sino también desde la Justicia. No se trata solo de luchar contra el delito, la mayoría de los ciudadanos no somos víctimas de un delito, pero sí de la desidia del Estado cuando liberan a los delincuentes”, afirmó Coria.

2- Ley de seguridad interior. ¿Las Fuerzas Armadas, a luchar contra narcos?

Otra de las propuestas que se escuchó de los libertarios fue la reformar la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas. Una de ellas es la lucha contra el narcotráfico. “Reformaremos todas las leyes que atan las manos del Estado para enfrentar el delito. El país necesita aplicar toda la fuerza a su alcance para recuperar la paz y la seguridad”, explicó Ricardo Bussi, que fue electo diputado nacional por la Libertad Avanza.

“Su implementación será muy compleja teniendo en cuenta las cuestiones políticas. No tengo dudas de que hay que modernizar a las fuerzas dándoles nuevas tareas”, explicó Pelli. “Creo que la idea es fortalecer el cuidado de las fronteras con su presencia. No es algo nuevo, se hizo con los planes Escudo Norte y Fortín, pero fueron programas que tuvieron cáscaras y nada más porque su participación fue mínima. Además, esta iniciativa fue confirmada a través de decretos, no hizo modificar ninguna norma”, indicó.

El legislador oficialista Carlos Najar sostuvo que toda iniciativa para luchar contra este delito es buena, pero siempre debe ser analizada. “Lo primero que se debe determinar es si nuestras fuerzas armadas están preparadas para realizar esta tarea. Creo que antes de pensar en darle esta tarea se necesita capacitar y después entregarles los recursos necesarios para que puedan cumplir con esta misión”, opinó.

Prácticamente esa línea mantuvo el parlamentario Cano. “Pueden colaborar, pero me parece que no están preparados para asumir ese rol. Es preferible hacer una mejor coordinación entre las fuerzas federales para mejorar los resultados”, declaró.

3- Portación de armas. Anuncian que no habrá cambios en la ley

“No pasará nada con la ley de portación de armas. Es una norma que hay que cumplir. El Poder Ejecutivo no tiene por qué desobedecer una norma dictada por el Congreso”, sostuvo Bussi al aclarar que su espacio no tiene intención de modificar las normas que regulan la portación de armas. A lo sumo, según explicaron los referentes libertarios, buscarán la manera de eliminar los pasos burocráticos para acceder a una.

Actualmente, el sistema funciona así. Un tucumano se presenta en una armería para comprar una. El vendedor le avisa que en Tucumán hay cinco médicos habilitados para realizar los exámenes correspondientes. Luego, debe realizar una sesión de práctica y por último, registrar el arma que compró. “Es como cuando uno compra un auto. Primero tiene que tener la licencia de conducir y después la tarjeta verde del auto”, graficó un comerciante del sector. “El trámite de legítimo usuario se saca por única vez y tiene validez de cinco años. Pero cada vez que se compra un arma, hay que inscribirla”, detalló.

Transformarse en legítimo usuario tarda entre 50 y 60 días y tiene un costo de $27.000. Mientras que inscribir un arma, los plazos del trámite pueden extenderse hasta 25 días y se necesitan $25.000 para cubrir los gastos administrativos.

“Me parece que la polémica que duró varios meses no sólo fue estéril, sino que desvió la atención de lo que realmente debería ser importante: el crecimiento ilegal de armas de fuego en el país. Ningún candidato habló sobre un plan de desarme”, sostuvo Pelli.

4- Imputabilidad. Insistirán con bajar de 15 a 14 años

Milei mantuvo a rajatabla una idea que despertó, despierta y despertará polémicas: bajar la edad de imputabilidad de 15 a 14 años. “Vamos a insistir con ese proyecto que es de mi autoría y que data del año 2001”, adelantó Bussi en una entrevista con LA GACETA.

“Es un verdadero inconveniente porque sería castigar la niñez y adolescencia”, explicó el abogado penalista José del Río. “Lo que se debería hacer es trabajar en la reinserción educativa, familiar, deportiva y social. Ya tenemos el ejemplo de que la imputabilidad a los 16 y 17 años no arroja frutos ni descenso en los niveles delictivos entre los adolescentes”, añadió.

El legislador Najar, por su parte, opinó: “es un tema que se viene discutiendo desde hace años. Nuestro país está adherido a una serie de pactos y tratados internacionales que impiden cumplir con ese proyecto. No se puede reformar una ley violando otra”.

“Si bien es un tema que genera controversias, entiendo que lo propuesto es completamente inconstitucional e inconvencional. No se puede modificar esta norma sin una debida justificación ni análisis de las consecuencias que ello llevaría en niños, niñas y adolescentes”, advirtió la penalista Agustina Lasquera. “Creo que es importante resaltar que la reacción punitiva estatal nunca puede ser la solución a los problemas sociales”, añadió.

5- Consejo de Seguridad. Fortalecerán este cuerpo de discusión

“La idea de fortalecer un Consejo de Seguridad Interior apunta específicamente a coordinar el trabajo entre las fuerzas federales, provinciales y las justicias ordinarias y federales para luchar contra delitos como el narcotráfico”, apuntó Coria.

“Tenemos un sistema que le exige a la Nación trabajar con las provincias en la prevención de delitos”, agregó. Este cuerpo está integrado por todos los representantes provinciales del área dirigidos por el ministro de Seguridad de la Nación.

Cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, el Consejo sesionaba al menos una vez por mes. “En esas reuniones había un intercambio de informaciones y se buscaba solucionar los problemas de manera conjunta”, recordó Cano. “Lamentablemente, durante este gobierno se dejó de hacer. El único importante fue el que se desarrolló en Tucumán y en el que el ex gobernador Juan Manzur dijo la famosa frase ‘dejá que digan lo que quieran y después nosotros hacemos lo que queremos”, finalizó.

6- Sistema carcelario. ¿Llegarán las cárceles privadas?

Al bajar la espuma electoral llegó la hora de definir proyectos. Uno de ellos es la mentada reforma del sistema carcelario que tanto habló Milei. “El espacio liberal es emergente y hay muchas ideas al respecto. Lo que tenemos claro es que queremos priorizar el bienestar y los derechos de los ciudadanos de bien. Pregonamos la construcción de unidades carcelarias privadas, que tienen que estar pensadas bajo las leyes y los tratados internacionales, eso no se puede cambiar”, aseguró el libertario Coria.

El dirigente de la Libertad Avanza en nuestra provincia agregó: “también consideramos que el trabajo de la Justicia termina cuando se condena a una persona. Debemos empezar una transición del sistema para que el preso quede en manos de un sistema administrativo que estará a cargo del Poder Ejecutivo”, finalizó.

La opinión de los penalistas sobre este tema está dividida. “No es una mala idea privatizar las cárceles siempre que eso implique un área laboral que busque darle herramientas a los presos para cuando salgan al mundo exterior. Hoy al detenido que de verdad quiere trabajar el Estado no le provee de herramientas, sino que los que pueden empiezan un micro emprendimiento”, señaló Geraldine Salazar. “Tiene que haber un control de las inversiones que se hagan, sino el Estado fracasa. La privatización debe apuntar a la reinserción”, agregó. Por su parte, Aníbal Paz consideró: “’Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’. Esa frase es la que nos dice nuestro presidente electo. Quizás termine transformándose en un beneficio para los presos. Por ejemplo, los que están alojados en las comisarías no deberían estar allí”.