Reformas posibles: la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei repetía que la dolarización era irrenunciable. Con el cambio de jugadores en el área económica ahora pone el énfasis en cerrar el Banco Central (casi lo mismo), aunque no en lo inmediato. Considera que es una carta fundamental para eliminar la inflación. Sin embargo, tal proyecto nunca se aprobará. No importa su utilidad, la iniciativa no tiene posibilidades de sumar en el Congreso los votos necesarios para ser ley. Y si pasara con éxito por el Poder Legislativo sería tachada de inconstitucional en los Tribunales. Posición discutible, pero segura.

Por eso para combatir la inflación tal vez pueda comenzar por algo más aceptable para muchas bancadas, la autonomía del BCRA. Ello implica varias reformas a la Carta Orgánica del Banco (ley 24.144), necesarias para cortar la inflación. Otra herramienta imprescindible, el equilibrio fiscal, requiere un trabajo mucho más lento y más complicado.

Lo primero que debe hacerse es cambiar su finalidad: de promover, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (artículo tercero), a quedarse sólo con estabilidad monetaria y financiera. Lo de empleo y desarrollo con equidad puede implicar medidas contradictorias con los dos primeros objetivos, y es más eficiente alcanzarlos con política fiscal y cambios en marcos legales para el funcionamiento de los mercados de mano de obra, sociedades y bienes. Es cierto que la Reserva Federal de los EEUU también incluye el empleo entre sus metas, pero la inflación baja le permite jugar con las tasas de interés para influir en la actividad económica y así en el empleo, aunque este objetivo sería difícil de alcanzar sin la dinámica de unos mercados laborales mucho menos regulados que aquí.

Luego debe verse el artículo 19 de la ley, que prohíbe al Banco financiar gobiernos y bancos excepto lo dispuesto en el artículo 20. Debería derogarse este último, demasiado permisivo, y aclarar en el 19 la prohibición al financiamiento directo e indirecto. El directo ocurre cuando el gobierno entrega títulos públicos a cambio de dinero o el Banco los compra durante licitaciones de lanzamiento. El indirecto, cuando el Central compra títulos en poder de un organismo público y éste usa el dinero para comprar papeles recién emitidos por el gobierno. En Chile ambos están prohibidos por la Constitución, excepto por guerra exterior. Acá al menos podría hacerse por ley.

Además, para que las autoridades del BCRA sean prudentes se pueden cambiar sus incentivos modificando los procedimientos de nombramiento y cese. Hoy los miembros del directorio (Presidente inclusive) son propuestos por el Poder Ejecutivo al Senado y quedan confirmados cuando éste los acepta. Mientras tanto, el candidato ejerce pero no está firme en su cargo. Por lo tanto, el Presidente de la Nación puede cesarlo simplemente retirando el pliego. Una posibilidad sería establecer que el nombramiento en comisión tenga un límite de tiempo, superado el cual el cargo sea llenado en propiedad por un funcionario de carrera del Banco (que a su vez tendría su posición por concurso). De esta manera se evitaría abusar de nombramientos en comisión y se propondrían candidatos aceptables. Y si no, llegaría al directorio alguien independiente.

Por otra parte, hoy el desplazamiento de un miembro del directorio es por decreto del PEN previo informe de una comisión bicameral. Pero tal despacho es secreto y no vinculante. Las alternativas serían que el informe sea público, así el Presidente al menos enfrente el costo político de hacer algo diferente de lo recomendado, o que el Congreso decida, para sacar esa facultad del ámbito de quien querría tener al Banco como caja alternativa.

Otro punto es la duración de los cargos. En Chile, por ejemplo, hay diez directores que duran diez años pero el directorio se renueva a razón de un integrante por año. Como no hay reelección inmediata del Presidente de la Nación éste sólo podía proponer como máximo cuatro directores y siempre estaba en minoría. El mecanismo se complicó cuando Michelle Bachelet volvió a la presidencia dejando pasar un período pudiendo trabajar con seis directores afines, que heredó Sebastián Piñera en su segundo mandato más cuatro que quedaron de su propia primera presidencia. Pero sus segundos cuatro años implicaron proponer cuatro directores cercanos, cerrando su gobierno seis a cuatro. La ruptura de la tradición de una sola vez Presidente alteró la falta de alineamiento pero al menos se mantuvo la traba constitucional a los préstamos.

En Argentina los miembros del directorio duran seis años pudiendo ser designados nuevamente y el Presidente de la Nación dura cuatro años pudiendo ser reelegido consecutivamente. Estas disposiciones facilitan el alineamiento de la conducción del Central con el PEN y complican una política monetaria independiente. Tal vez una duración distinta del directorio o renovaciones parciales puedan ayudar.

La Ley Orgánica del Banco Central peruano hace nombrar al directorio del Banco cada cinco años en coincidencia con las elecciones generales, pero intenta evitar las tentaciones combinando nombramientos: siete miembros, tres nombrados por el Presidente de la Nación, el Presidente del Banco propuesto por aquél pero sujeto a ratificación por el Congreso, mientras que éste designa tres directores más. La remoción sólo es posible por delito o falta grave (como financiar al Tesoro más de un pequeño porcentaje) y requiere el acuerdo de dos tercios de los legisladores. Nota: el actual presidente del Banco lleva allí desde 2006, ratificado por todos los presidentes del Perú.

Discutir el cierre del BCRA llevará ruido al mercado y limará capital político al gobierno salvo que ponerlo a debate sirva para negociar qué iniciativas mantener y cuáles sacar o modificar. Porque con la actual relación de fuerzas y la gravedad de los problemas lo mejor es concentrarse en lograr lo posible. La Oficina del Presidente Electo aún dice que cerrar el Banco Central no es negociable. Pero considerando la ética de la responsabilidad y pensando en función de gobierno (casi) todo es negociable.