SANTIAGO DE CHILE.- Los 10 partidos que integran la coalición de gobierno en Chile anunciaron oficialmente que no apoyarán un tercer proceso constituyente si la ciudadanía rechaza en el plebiscito de diciembre la propuesta de nueva Constitución que busca sustituir a la actual, vigente desde la dictadura (1973-1990).
Según el último sondeo de la consultora Cadem, un 46% de los chilenos se inclinaría por el “en contra” y un 38% “a favor” de una nueva Constitución, de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Según el sondeo, la opción A Favor para el Plebiscito Constitucional (que apoya la derecha chilena) subió seis puntos (+38%), mientras que la del En Contra (avalada por la izquierda), cayó tres (-46%).
“Hoy no hay espacio para seguir discutiendo acerca de la Constitución”, dijeron en una carta pública los bloques Socialismo Democrático, integrado por partidos de la centroizquierda como el Partido Socialista, y Apruebo Dignidad, de la que forma parte el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista.
Más de 15 millones de chilenos se pronunciarán en menos de un mes sobre la propuesta de nueva Constitución elaborada por un órgano dominado por la ultraderecha y la derecha tradicional. Es el segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el de septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención de izquierda que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena. “Iniciar un tercer proceso requiere de una reforma constitucional con quórum de 4/7. Se necesitan votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha. Reiteramos que nuestros votos no estarán disponibles para otro proceso constitucional”, añadieron.
Distintos líderes oficialistas -incluido el propio Boric- han manifestado en los últimos tiempos que no están dispuestos a impulsar en el corto plazo un tercer proceso constituyente, pero es la primera vez que firman una declaración conjunta de este calado.
La derecha defiende la nueva propuesta constitucional porque recoge preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019. El texto incluye algunos artículos que han generado polémica como la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer” .
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PREPARATIVOS. Las actividades previas a la COP28 comenzaron en octubre, con una reunión de CEOs.