Una ignominia es, según el Diccionario de la Real Academia Española, una afrenta pública. Y también es, entre otras muchas acepciones, una vergüenza, un deshonor, una ofensa, un oprobio, un agravio, una injuria, un denuesto, un ultraje, una deshonra, un insulto, una bajeza, un descrédito, un vilipendio y una denostación. Podría decirse, primeramente, que cualquiera de esos conceptos le cabe a la decisión del kirchnerismo de aprobar los dictámenes acusatorios para impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, en verdad, a esa determinación, que ha forzado toda noción de debido proceso, todo principio de buena fe de los actos públicos y, sobre todo, todos los principios rectores de la democracia, la república y el constitucionalismo, le corresponden todos estos disvalores simultáneamente. Por ello, el miércoles 29 de noviembre está condenado a ser signado para la posteridad como una jornada infame en la vida institucional de la Argentina, justo en el 40 aniversario del retorno del estado constitucional de derecho. Infamia, por cierto, es otro sinónimo de la ignominia. Y de la última acción parlamentaria del kirchnerismo.

Se avisó ya el pasado 6 de noviembre sobre los peligros que entrañaba la naturaleza de esta persecución oficialista contra los jueces cimeros. Por un lado, enjuician a los miembros del superior tribunal porque el contenido de sus sentencias no satisfacen los deseos del kirchnerato. La sola idea es aberrante. Se pretende condicionar, de esa manera, las decisiones del alto estrado y, con ello, el de todos los tribunales inferiores del país. La lectura, tan lineal como pavorosa, es que hay que votar como quiere el oficialismo, de lo contrario los jueces serán removidos. Entonces, el derecho positivo pasa a ser reemplazado por el capricho de su graciosa majestad.

No debe sorprender que a este gobierno no le guste la Justicia independiente. Por un lado, no le permitió desfinanciar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que le arrancó el aumento de la coparticipación que había recibido para hacerse cargo de la seguridad de su territorio, antes en manos de la Nación. Por cierto, el distrito porteño no comparte recursos con las provincias: su dinero sale de la tajada que le corresponde a la Casa Rosada. Sin embargo, el 100% de la amputación fue asignada a la provincia de Buenos Aires. Tampoco la Justicia permitió que perdurará el manoseo del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona, sanciona y eventualmente depone a los miembros del Poder Judicial. Cristina Kirchner auspició su creación como convencional en la reforma constitucional de 1994. Después, en el Congreso, avaló en 1997 la ley que lo creó con 20 miembros. Pero luego, durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, jibarizó el consejo y lo contrajo en 2006 a 13 miembros. Al final, ya como Presidenta, volvió a agrandarlo a 19 vocales en 2013. Pero esta vez a los representantes de los jueces había que votarlos en elecciones nacionales, como candidatos de los partidos políticos. Todo ello naufragó en diciembre de 2021.

Por otro lado, tampoco le gusta al Gobierno que el Poder Judicial entienda que el ordenamiento jurídico, incluyendo el Código Penal, también rige para el kirchnerismo. Cristina Kirchner está condenada en primera instancia a seis años de prisión por administración fraudulenta, en la causa “Vialidad”. Y se reabrió la causa “Hotesur - Los Sauces”, conexa con la anterior. Y también el Memorándum de Entendimiento, el pacto secreto con Irán para esclarecer el peor atentado terrorista sufrido por la Argentina: 85 compatriotas murieron en la voladura de la AMIA, en 1994. Hay funcionarios iraníes actuales acusados de ser autores intelectuales del horror. Y se acaba de revocar el sobreseimiento de la Vicepresidenta en la causa de “La ruta del dinero K”.

Lo alarmante es que conforme avanzó el proceso en el Congreso, la oprobiosa naturaleza del juicio político no sólo se mantuvo, sino que los procedimientos empeoraron. Representan la consagración de una política de la miseria. Y la entronización de una miseria de la política.

Bromas por congojas

De los 31 miembros de la comisión acusadora, los 15 opositores votaron contra los dictámenes. Y resultó que de los 16 diputados del bando oficialista, no todos estuvieron de acuerdo. El circo del Gobierno no logró convencer a seis de su propio signo. Entonces los reemplazaron. Es decir, casi el 40% de los oficialistas que votaron el miércoles entraron por la ventana. Ni siquiera tuvieron tiempo de leer el reglamento de la Comisión de Juicio Político. Pero votaron igual. Porque lo importante para ellos es que ningún antojo kirchnerista los encuentre sin decir “amén, amén”…

La maniobra resultó tan atroz como reveladora. “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”, bromeaba Groucho Marx. El kirchnerismo tomó la humorada como doctrina: aquí están sus diputados convencidos de que hay que destituir a la Corte. Si no están seguros, tienen otros, que aunque ignoran lo que se juzga, por lo menos tienen la mano levantada… Sólo los que prometieron hace 20 años “Un país en serio” podían ser capaces de convertir un chiste en un delito de Estado.

Paralelamente, el massismo volvió a mostrar su verdadero rostro: el de las mil caras. Mantuvo sus dos diputados en la comisión de Juicio Político, avalando toda la farsa a lo largo del proceso. Pero a la hora de votar, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez decidieron no dejar estampados sus nombres en la abominación para la que fueron tan abnegadamente funcionales. Esa deserción es uno de los certificados de la barbaridad que este sainete encarna.

La otra certificación de mamarracho la dan los otros cuatro peronistas que también debieron ser reemplazados porque no iban a acompañar los dictámenes acusatorios. Se fueron Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo. Fueron reemplazados por Itai Hagman, Mónica Macha, Magalí Mastaler, Carlos Selva, Paula Penacca y Carolina Yutrovich. Ellos se sumaron a Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Vanessa Siley, Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Juan Manuel Pedrini, Hugo Yaski y Leopoldo Moreau.

Este último hizo una alocución reveladora. “La Corte no puede actuar como si fuere un constante contradictor de las decisiones del Congreso y del Poder Ejecutivo, porque esto la enfrenta con el instituto básico de la democracia, que es la soberanía popular. Soberanía popular a la que los otros órganos del Estado sí están sometidos periódicamente, a diferencia de la Corte. Pero el hecho de que la Corte no lo esté, está lejos de otorgarle impunidad. Tampoco es así como una tercera cámara legislativa derogando leyes generales que no le agradan, o dictando las que las reemplazan, como ocurrió en el caso del Consejo de la Magistratura”, argumentó.

Las manifestaciones de Moreau arrojan dos certezas. La primera: ya se puede saber con precisión cuánto atrasa el kirchnerismo en materia institucional. Están 170 años atrás en la evolución de la historia de la república. En rigor, son “pre-republicanos”. Porque (y aquí la segunda certeza) lo que el diputado sostiene es que el oficialismo rechaza de plano el control de constitucionalidad, que rige aquí desde el dictado de la Constitución Nacional en 1853, cuando las Provincias Unidas pasaron a llamarse República Argentina. Diez años después de que entrara en vigencia la Ley Fundamental, el caso “Calvete” determinó que la Corte Suprema es la intérprete última de la Carta Magna.

El kirchnerismo reniega de ello. Desde un principio, buscó sustituir la democracia constitucional por una mera democracia plebiscitaria. Su lógica es tan simple como obtusa: tomaron en vano el nombre de la “soberanía popular” para abjurar del Derecho y para argumentar que “la jefa” era la única intérprete del pueblo. Así que “la jefa” era, en realidad, “la soberana”. Pero ahora, cuando siguen hablando de “soberanía popular” los protagonistas del mayor ciclo de derrotas de la historia del peronismo (perdieron elecciones nacionales en 2009, en 2013, en 2015, en 2017, en 2021 y, por paliza, hace apenas dos domingos) se advierte que lo que en verdad buscan es pura impunidad.

Por caso, pura impunidad es sentar en la comisión de Juicio Político, de la noche a la mañana, a seis diputados que jamás pudieron leer las 2.000 fojas de expedientes, más todo el apéndice de presuntas pruebas documentales. Pero que a pesar de su solemne ignorancia en la materia terminaron levantando el dedo acusador contra los jueces del supremo tribunal de la Nación.

Muecas por sollozos

La nula seriedad del oficialismo sería motivo de una larga carcajada institucional, de no ser por la profunda tristeza histórica que significa para este pueblo.

Precisamente, la decadencia institucional con la que el kirchnerismo ha condenado a la república mezcla, alternativamente, los más diversos géneros. Sus actores son bufones patéticos, a la vez que trágicos. Son, en esencia, la representación de “Pagliacci”, la ópera de Ruggero Leoncavallo, que narra el criminal desenlace de una obra de payasos. El protagonista, Canio, interpreta sobre el escenario a “Pagliaccio”: él descubre la infidelidad de su esposa, Nedda, quien sobre las tablas actúa como “Colombina”. Canio ha jurado en público amar a Nedda más que a nadie, pero luego, cegado por los celos, le exige que revele el nombre del tercero en discordia. Y la apuñala. Las últimas palabras de ella delatan a su verdadero amor: “Ayuda, Silvio”. Entonces Canio ultima a Silvio, también. Lo trágico de la obra es que el público no sabe que eso que está viendo es un crimen, completamente alejado del libreto. Cree, por el contrario, que es arte. Y aplaude rabiosamente lo que considera, en su ignorancia, como la maravillosa muestra de una apasionada actuación.

Esta ópera kirchnerista parece plagiar a Leoncavallo. Los que juran públicamente amar la democracia, en el escenario de la república sólo se dedican a apuñarla, completamente alejados de las normas y del debido proceso. Y cegados por el despecho de ser los mariscales de la derrota, intentan culpar a cualquier otro por sus fracasos consuetudinarios. En todo caso, hay una variante en esta obra política argentina: los ignorantes no están en la audiencia, sino que son protagonistas. El kirchnerismo parece ignorar que el atropello que perpetra contra la democracia y la república, que no son ya formas de gobierno sino formas de vida para esta nación, es directamente proporcional al desprecio electoral del que acaba de ser objeto.