Las medidas vinculadas con la educación universitaria del proyecto de “Ley Ómnibus” despertaron adhesiones y rechazos en autoridades de centros de estudiantes de Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y de la propia Federación Universitaria de Tucumán (FUT). Precisamente, la presidenta de este gremio estudiantil, Milagros Geraldine Céliz, celebró que la iniciativa no incluya el sistema de vouchers con el que el presidente, Javier Milei, había machacado durante las campañas proselitistas. “Es alentador que el Presidente haya escuchado las demandas del movimiento estudiantil y haya descartado la implementación de los vouchers. El sistema actual de educación es valioso y debe ser protegido y fortalecido”, señaló. Ponderó, también, la incorporación de criterios cuantitativos -cantidad de estudiantes y de graduados- para elaborar la pauta presupuestaria. 

“Permitiría una distribución más equitativa de los recursos y una mejor planificación en función de las necesidades reales de las universidades”, dijo. Pero más allá de esta metodología a aplicar, si el proyecto se aprueba, consideró crucial que se resuelvan de manera inmediata las diferencias presupuestarias vinculadas con la prórroga del presupuesto 2023 y la inflación anual acumulada. “Es responsabilidad del Gobierno garantizar que las universidades cuenten con recursos para ofrecer una educación de calidad”, sentenció.

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También aplaudió el posible cambio en la forma en que se reparte el dinero el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria. “Soy alumno de Veterinaria, y sé lo que es pelear por una Facultad, por una carrera, que no tiene los ingresos necesarios para andar normalmente. Hay docentes que no cobran. Hoy Veterinaria no cuenta con presupuesto propio, y tiene una cantidad superior de alumnos que las otras carreras. Si se cumplen (las reformas) se le podría asignar un presupuesto a Veterinaria”, dijo Carim Chehuan. También avaló la posibilidad de que se arancele el estudio para alumnos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. “Es posible; no veo nada negativo en que no se pudiera hacer”, puntualizó.

Sobre este último asunto, el presidente del Centro Único de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, Nicolás Gerez, se manifestó fuertemente en contra. “Rechazamos categóricamente cualquier propuesta que contemple el cobro de aranceles a estudiantes, sin distinción de su lugar de residencia, manteniendo nuestro compromiso con la educación superior gratuita y accesible para todos”, puntualizó el estudiante. Respecto del eventual cambio en la metodología de distribución de recursos para las universidades, se mostró a favor. “Consideramos que nuestra universidad ha experimentado una disminución de fondos en favor de instituciones más nuevas y con menor cantidad de estudiantes”, explicó Gerez.