Tras la emergencia vivida anteayer con el anuncio del paro de transporte público en el interior del país que iba a tener lugar ayer y el dictado de conciliación obligatoria, ahora la situación se agravó a partir del anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del Interior, mediante el que el poder central subsidia a las empresas de colectivos en el país. La medida anunciada ayer causó sorpresa en las provincias y en el sector empresario del rubro, quienes alertaron que ahora las tarifas que pagan los usuarios por el transporte público podrían triplicarse. Con esto, el problema del transporte, que arrastraba problemas que recibían apenas salidas transitorias y de poca duración, entra en crisis terminal

Una imagen clara de esos problemas que arrastraba se vio el martes, cuando se anunció la protesta de choferes en todo el país: en nuestra provincia se iba a llevar a cabo a pesar de que, con un aporte del Gobierno de la provincia se habían pagado los sueldos de los conductores. Pero la medida se ejecutaba con adhesión de los choferes al reclamo de todos los del interior argentino. El titular del sindicato reconoció el esfuerzo que realiza el gobierno provincial pero señaló que la medida era nacional y resaltó que la única manera de que se levantase el paro era que se dictase una conciliación obligatoria, que fue lo que finalmente ocurrió al caer la tarde de ese día. Se trató de una gestión  del gobernador tucumano, que tuvo medulosas expresiones con respecto a la protesta: “Ayer (por el lunes) cobraron los empleados de UTA gracias al Gobierno de Tucumán. Hay que pensar un poquito en estos momentos difíciles que vivimos. No hay que tirar mucho la cuerda porque todos estamos haciendo esfuerzos. El ciudadano común está haciendo un gran esfuerzo... Creo que los que tenemos responsabilidades institucionales, los que tenemos responsabilidades o a cargo servicios esenciales, como el transporte público de pasajeros, tenemos que pensar en la gente. Se tiene que pensar en las 600.000 personas que se tienen que seguir trabajando en colectivos”. Y añadió: “el paro puede ser decretado a nivel nacional, pero cuando las cosas se ponen mal y no aparece ningún porteño a solucionar nada, siempre lo solucionamos los tucumanos”.

Esto mostraba los niveles casi surrealistas en que se estaba desarrollando la crisis del transporte, que en los últimos nueve años ha sido intensa y dramática, plagada de protestas y paros. Ahora se introduce la desfinanciación que genera el Gobierno nacional con la quita de subsidios y la nueva emergencia a que obliga la implementación obligada de la tarjeta SUBE, que desde hace años se intenta poner en vigencia en Tucumán. Esto va a generar, según se estima, grandes dificultades para una puesta en marcha apurada y probables conflictos por la suba de costos sin que esté claro cómo se absorberán, como no sea fuertes aumentos del costo del pasaje.    

La cuestión tiene dificultades que no se avizoran con claridad, pero que deben ser debatidas cuanto antes. Las provincias están ante una disyuntiva enorme, al cabo de años de una pelea despareja con la Nación por el reparto de fondos y de subsidios mientras el sistema se iba degradando sin pausa, a tal punto que buena parte del territorio tiene servicios precarios, fuera de norma, como los autos rurales y los “piratas”, o bien servicios diferentes como los municipales de Yerba Buena y de Tafí Viejo. Gobernadores e intendentes sostienen que esta nueva medida mantiene la inequidad con el AMBA y que se debe estudiar a fondo. Corresponde que se haga un análisis profundo y que se asuma una postura firme, a fin de encarar salidas para este sistema en crisis terminal.