El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que el gobierno de Javier Milei podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva por “un tema que se hizo tan mal” en la ley que impulsó el ex ministro de Economía Sergio Massa, aprobada por el Congreso.

Francos advirtió que sin una nueva ley aprobada por los legisladores, los empleados en relación de dependencia que gozaron de una reducción del pago del tributo a fines del año pasado van a tener que pagarlo en forma retroactiva.

Según el ministro, el problema surge por un tecnicismo propio de la forma en que Massa interrumpió las percepciones del tributo en octubre, noviembre y diciembre pasados. Argumentó que la quita de retenciones a las empresas y trabajadores en relación de dependencia era para el período fiscal de 2024, por lo que hay cuatro meses de 2023 en los que no se cobró el impuesto.

“Se hizo tan mal el tema del decreto. Hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.

El problema estaría en un bache legal que tuvo la reducción de Ganancias decidida por el Gobierno anterior. Massa consiguió aprobar una Ley que reducía el pago del impuesto para este año, norma que contó con el voto del entonces diputado nacional y hoy presidente Javier Milei. Para cubrir ese bache, Massa acompañó la sanción de la Ley con un decreto en el que se le indicaba a la AFIP no retener Ganancias a los salarios del último trimestre del año pasado que hayan quedado debajo del nuevo piso.

Al respecto, el tributarista Mariano Ghirardotti explicó en Infobae que: “si el Poder Ejecutivo, por decreto, dice no le retengan los últimos tres meses del año pero hasta que no haya una ley que lo refrende, la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado”.

Especialistas calculan que serían unos $2.200 millones de salarios que ya se pagaron y que generaría deudas que parten de entre $500.000 y $600.000 por contribuyente.