Los ideólogos y ejecutores del engaño que fue para Tucumán el espejismo del bloque Independencia en la Cámara Baja, no advirtieron que el Gobierno nacional nunca tuvo intención de “retribuir” al pueblo la traición de sus representantes, frente a una crisis profundizada por los daños colaterales, que los responsables de la maniobra no advirtieron. La falta de repuestas del Gobierno nacional y el silencio de los ejecutores de la traición (LA GACETA, 07/04) aumentaron la confusión en la gestión local, al suponer que tan sólo el sector público cuenta en el hasta hoy frustrado salvataje. En resumen la traición se enfocó en los 110.000 empleados públicos, que concentran un volumen del 18,5% de los consumidores y contribuyentes. El 81,5% de tucumanos marginados del acuerdo, por la recesión económica dejarán de ser potenciales aportantes al funcionamiento del Estado, por lo tanto la exigua recaudación futura, hará explotar por los aires décadas de espera en pos del poder en la Provincia. Los casi 120 días del Gobierno nacional sin conseguir una ley complica a la Provincia en cuestiones políticas, financieras, sociales, de salud, etc., e incluso en el ámbito judicial, con final abierto para los que fueron protagonistas de maniobras en el manejo del Girsu, calificada como un “monumento a la corrupción”, que amenaza con borrar acuerdos políticos, celebrados entre los responsables del acto presuntamente delictivo y conspicuos miembros del gabinete provincial, buscando blindar judicialmente a los protagonistas.
José Emilio Gómez
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