Luego del reclamo público de legisladores opositores, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, concurrirá a la Legislatura para explicar acerca de cómo será la incorporación del personal civil dentro de las fuerzas de seguridad, y la digitalización del área de antecedentes penales y contravencionales de la Policía de la Provincia. Será la segunda vez en menos de un mes que el funcionario provincial vaya a dar explicaciones a la Cámara. En su anterior visita expuso durante siete horas ante los parlamentarios.

La Comisión de Seguridad y Justicia programó recibir al funcionario provincial este jueves. En la reunión, presidida por el legislador Carlos Najar, estuvieron presentes los legisladores Alejandro Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse y Ricardo Bussi.

“El día jueves en principio va a tener la presencia en este recinto del ministro de Seguridad para dar explicaciones o diagramar cómo va a ser la incorporación, que ya tiene dictamen, del personal civil dentro de las fuerzas de seguridad, para cubrir las cuestiones netamente administrativas y técnicas”, precisó Najar.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia remarcó que cualquier legislador puede participar de la reunión con Agüero Gamboa para evacuar cualquier tipo de dudas: “Van a poder tener acceso primero a la forma en que se pretende digitalizar teniendo el dictamen positivo y el acompañamiento de esta Cámara al área de antecedentes de la Policía de la Provincia. Seguramente, el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, puede acompañar esta reunión tan importante”, dijo.

¿Contradicciones?

El líder de Fuerza Republicana expresó su preocupación por el modo en que se va a implementar el proyecto para la incorporación de personal civil a las fuerzas de seguridad. Bussi señaló que en 2019 ya había impulsado una iniciativa similar, por lo que aclaró que comparte en todo el espíritu de la normal. Sin embargo, consideró que puede estar desdibujada la iniciativa si para incorporar personal civil se contrata más gente en el Estado.

“La idea sería utilizar a aquellos agentes ya contratados que no tienen un puesto fijo ni una tarea asignada, para que presten servicios en las dependencias policiales realizando tareas administrativas. De otra forma estaríamos en plena contradicción con la supuesta idea de achique del Estado que se intenta desde el Ejecutivo”, desarrolló el legislador republicano.

La iniciativa de Bussi, que pasó al archivo, proponía facultar al Poder Ejecutivo a transferir empleados de la planta permanente de las reparticiones que componen la administración pública provincial, a comisarías y dependencias policiales con la finalidad de realizar tareas administrativas.

Una buena medida

El legislador oficialista Vargas Aignasse calificó de “auspiciosa” la visita del ministro para exponer sobre proyectos enviados por el Ejecutivo. Respecto a la digitalización del Registro Provincial de Antecedentes Penales, calificó a la iniciativa como “tremendamente necesaria”. “Va a permitir mejorar la calidad y velocidad de la información personal de ciudadanos con vinculación pasada o presente con el mundo del delito”, destacó.

El parlamentario radical José Cano, también miembro de la comisión de Seguridad, consideró que la digitalización de antecedentes personales es una buena medida. De hecho, presentó un proyecto similar hace unos meses. Una de las principales diferencias es que proponía que este registro funcione en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Además, el ex diputado fue crítico con que en la propuesta del Ejecutivo se sostenga el registro de contravenciones. “La aplicabilidad de las contravenciones fue considerada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, cuestionó.

“Mi propuesta busca fortalecer el vínculo comunidad-Estado, dejando atrás la burocracia administrativa a la cual nos tiene acostumbrado este Gobierno, para que cada tucumano desde una plataforma digital pueda iniciar su trámite, efectuar el pago y obtener su certificado de antecedentes desde cualquier lugar que se encuentre, sin tener que hacerlo presencialmente como ya sucede en otras provincias y a nivel nacional. Un Estado que va en claro retroceso cuando las demandas de las nuevas tecnologías ya están instaladas”, reprochó Cano.

La iniciativa ingresó el mes pasado con las firmas del gobernador, Osvaldo Jaldo, y del ministro de Seguridad. En los fundamentos, las autoridades provinciales destacaron que la creación del Registro Provincial de Antecedentes Penales y Contravencionales en Tucumán se realizaría con datos aportados por el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Policía de Tucumán y Servicio Penitenciario, lo que garantiza -dijeron- la veracidad y la entrega dentro de un plazo máximo de tres días. “El registro incluirá información sobre medidas judiciales, sentencias, condenas, entre otros”, señalaron.

Contra el “robo rapiña”

Por otra parte, el comité de Seguridad de la Legislatura dio dictamen favorable al proyecto de ley del Ejecutivo que busca terminar con el mercado ilegal de cables y medidores. La propuesta persigue que se sancione a quienes compran cables y medidores robados. “Lo que se busca es la trazabilidad de los productos como cobre, bronce y todo lo que tiene que ver con medidores de agua, gas y luz”, comentó Agüero Gamboa.

Alrededor de media docena de personas murieron electrocutadas en todo el país-una de ellas en Tucumán- y hay cientos de detenidos por una modalidad delictiva denominada “robo rapiña”, que va en marcado ascenso en un contexto socioeconómico de crisis.