El “colmo” es una suerte de trasgresión al límite de la racionalidad que conocemos desde niños. Abundan los libros infantiles con “los colmos”, que son chistes cuyo combustible es el absurdo. El colmo de un arquitecto consistiría en que se llame Armando y se apellide Paredes. O Torres. O Casas.

Precisamente, “Ser algo el colmo” es una locución verbal coloquial que el Diccionario de la Real Academia Española define como: “Haber llegado a tal punto que razonablemente no se puede superar”. Lo opuesto a la razón, lo que no tiene sentido, es la primera acepción de lo “absurdo”.

Hay, claro está, “colmos” de los más diversos. Y hasta hay “colmos de los colmos”. Inclusive, en la pantalla grande. En Shrek 2, de la franquicia de películas infantiles con mil guiños para adultos, el rey de “Muy, muy lejano” (un paraje ubicado más allá de la frontera de la razón) discrimina al ogro verde, pese a que él es un sapo convertido en monarca. Y de que, por supuesto, también es verde.

La literatura también abunda en colmos. Harry Potter cazaba “horrocruxes” sin saber que él mismo era el último “horrocrux” de Voldemort. Otros casos, más exquisitos, se disfrutan en la novela “El Perfume” (1985), de Patrick Süskind. Jean-Baptiste Grenouille, el criminal protagonista de la historia, es un hombre que posee un olfato extraordinario y que, sin embargo, carece de olor corporal.

Y está la Argentina. Donde lo absurdo y lo irrazonable, pese a ser lo mismo, incurren en el colmo de correr en paralelo. Sobre todo en la escena de la política.

Estos primeros días de junio han sido un bestiario de colmos. La sesión del martes de la Cámara de Diputados es paradigmática. El peronismo y el radicalismo unieron fuerzas para avalar una nueva ley de movilidad jubilatoria. Debe quedar una cuestión a salvo: los jubilados tienen derechos sobrados a ganar más que la miseria que muchos reciben cada mes. Aclarado ello, que a eso lo demande el kirchnerismo es, a la luz de la historia reciente, el colmo. En febrero de 2010, nadie sino Cristina Fernández de Kichner vetó la ley del Congreso que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. La mandataria (que luego cobró no una, sino dos pensiones presidenciales) adujo, en ese momento, que la norma sancionada era “una ley de quiebra” de las arcas del Estado. ¿Era válido el argumento de garantizar la viabilidad de las cuentas públicas durante el kirchnerismo, pero no lo es durante un gobierno de otro signo político?

Cascotes

Párrafo aparte merece la participación de los parlamentarios radicales: la UCR integraba el Gobierno de Cambiemos cuando el kirchnerismo, entre otros sectores entonces opositores, lapidaron el Congreso de la Nación. Le arrojaron 13 toneladas de cascotes cuando se estaba por tratar una modificación en el régimen de movilidad jubilatoria. ¿Qué estableció esa reforma? En la liquidación de los haberes jubilatorios se incluyó la inflación como una de las variables para el cálculo. Luego, el cuarto gobierno “K” fulminó la reforma macrista y estableció una nueva fórmula que eliminó el cálculo por inflación y lo reemplazó por la variable de la “recaudación” estatal. Ello se tradujo en una pérdida real de la capacidad adquisitiva de los jubilados. ¿Ahora el mismo kirchnerismo, estando fuera del gobierno, quiere que los haberes previsionales se liquiden teniendo en cuenta la inflación, índice que ellos mismos sacaron de la ecuación? ¿Y los radicales, contentos, se prestan? ¿Y celebran de la mano de aquellos que los apedrearon cuando la UCR incluía la inflación en la movilidad previsional? El colmo de los rehenes que disfrutan de su condición de cautivos es que los acusen de padecer de “Síndrome de Estocolmo”, cuando debiera llamarse “Síndrome de la UCR”.

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También el oficialismo hizo gala de “colmos” a través del jefe de Gabinete. Apenas asumido en su nuevo cargo, Guillermo Francos declaró: “Tal vez la Ley Bases, al principio, era muy amplia”. El proyecto original mezclaba la eliminación de las papeletas volantes para sufragar junto con la Ley de Bosques; y junto con la eliminación de las PASO; y junto con la modificación de la Ley de Glaciares. Pero reparar en ese cambalache no fue la primera reacción de los libertarios. El presidente Javier Milei salió a demonizar a los gobernadores que habían advertido lo que ahora reconoce el ministro coordinador. Y hasta publicó listas de diputados que no acompañaron la norma, acusándolos de que el “principio de revelación” los había exhibido como lo peor de “la casta”. El colmo del “principio de revelación” es que termine exhibiendo que el proyecto oficialista no era tan “casto”…

Lo que no debiera sorprender a estas alturas de la historia es que en el país de los colmos, al primer puesto se lo haya llevado Tucumán. Quien resultó insuperable en el desafío a la razonabilidad fue el tres veces ex gobernador y dos veces ex senador José Alperovich. Durante su declaración como imputado en la causa por presunto abuso sexual, se dio tiempo para un diagnóstico político. “En Tucumán hay un sistema nefasto. Lo de los acoples. Hay cientos de candidatos”, aseveró.

La situación es poco menos que pasmosa. Los “acoples” fueron pura creación del alperovichismo, consagrada en la reforma constitucional de 2006. La Ley 7.469 autorizaba a prohibir el doble voto simultáneo: léase, la Ley de Lemas. El alperovichismo la reemplazó por las colectoras.

En los comicios de 2019, en los que Alperovich terminó cuarto cuando quiso retornar a la gobernación, la Junta Electoral Provincial registró un candidato cada 75 tucumanos. En los comicios del año pasado, en la Capital, 11 de los 19 legisladores fueron consagrados con 11.000 votos.

Que Alperovich reniegue ahora de los “nefastos” acoples que él prohijó es un colmo por partida doble. Porque la Constitución que él mismo hizo diseñar a medida de su decisionismo establecía, en el artículo 158, que antes de terminar 2006 la Legislatura debía dictar una Ley de Régimen Electoral y de los Partidos Políticos. Esa ley podría haberle puesto límites al número de acoples, pero aún hoy sigue sin sancionarse. Alperovich siguió en el poder durante nueve años después de la reforma, con mayoría propia, y absoluta, en la Legislatura. Jamás impulsó un remedio contra las colectoras.

Durante los debates en la Constituyente, el convencional Daniel Blanco, del Partido Obrero, hizo patente el escarnio de la creación alperovichista, contenido en el dictamen de la comisión de Régimen Electoral. “Hubo una exposición de fundamentos que quiero denunciar como pura hipocresía, porque se dedicó gran parte de la exposición a tratar de destacar que el dictamen coloca en una altura superlativa el rol de los partidos políticos. Y este es un dictamen que ataca a los partidos políticos (…) porque se establece un régimen novedoso, sustituto, que va como anillo al dedo a la necesidad del Gobernador: es este sistema de acople. Es un sistema que va a favorecer no la cuestión de los partidos, sino su desintegración en función del interés del gobernador de turno”.

La Constitución de 2006 declaró “instituciones fundamentales” a los partidos (artículo 43); y al mismo tiempo, los desnaturalizó con los acoples. Ese no sólo es el colmo del alperovichismo, que ahora, en el colmo del descaro, reniega de su engendro. Ese, también, es el colmo de la democracia.