Antes del inicio de la feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa hizo lugar al recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares, pero en la misma acción convalidó las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano para asistir a sectores vulnerables.
“Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”, estableció la resolución que se conoció el último fin de semana.
En el fallo, el magistrado agregó: “Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente se hace saber que, lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encuentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho”.
Entre las medidas reconocidas por la resolución judicial está tanto los acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de comida y con la fundación Conin como así también el esquema organizado con los militares para distribuir la comida que estaba en depósitos en el conurbano bonaerense y en el interior de la provincia de Tucumán. En concreto, el juez destacó que el ministerio comandado por Sandra Pettovello confirmó que “se está realizando la distribución de los alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en el marco del convenio antes referido” y que “el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brinda el apoyo logístico a efectos de ejecutar el traslado y entrega de los alimentos en cuestión”. Además, se informó que “los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país”.
Para el dirigente Juan Grabois la decisión judicial falló contra la cartera de Capital Humano porque “le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios”.