El anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo de que propiciará una reforma de la Constitución cayó como una bomba en el centro del escenario político provincial. Ni siquiera la dirigencia peronista más cercana a él esperaba esta decisión política de impacto. Ni los ministros ni el vicegobernador, Miguel Acevedo, sabían que ya tenía delineado en su cabeza un borrador incipiente para la modificación de la Carta Magna de 2006. Menos aún esperaban que se expresara a favor de eliminar el sistema de acoples, de revisar la reelección o de evaluar a los jueces cada cuatro años, entre otros puntos.

Con la visita presidencial aún fresca y dentro del halo de un buen momento político, el mandatario dio el puntapié hace 10 días al convocar a la oposición para conversar y elaborar un pacto de gobernabilidad similar al “Pacto de Mayo”. Tras la publicación de la intención reformista en este diario el domingo pasado, Jaldo ratificó esta semana la información en todos los términos.

Las paredes de los despachos de la gobernación escucharon al tranqueño afirmar que seguirá firme con su voluntad, siempre y cuando cuente con el aval de las fuerzas provinciales que tienen representación institucional. De hecho, ya hay fecha para convocar a los primeros diálogos: durante la primera quincena de agosto serán citados los presidentes de los bloques parlamentarios. Los partidos y las instituciones como universidades, colegios profesionales y la Iglesia tendrán su espacio con posterioridad.

Jaldo habría recibido en estos días buenas repercusiones, de apoyo, de la Iglesia y de parte de la Justicia.

Los procesos de modificación suelen ser prolongados, por los pasos que deben cumplirse. Esto recién comienza y el final es aún incierto porque no depende sólo de la voluntad política del gobernador. Restan meses para dar la discusión y conseguir el apoyo político y para que, eventualmente, se sancione en la Legislatura una ley que declare la necesidad de una reforma. Si todo se encamina en ese rumbo, también para la organización tanto de la elección de convencionales como del funcionamiento de convención en sí. La reforma se perfilaría así para 2025, si es que se unifican los comicios para seleccionar a quienes llevarán adelante la tarea con los de parlamentarios nacionales.

El proyecto de Jaldo coincide con la “mayoría de edad” de la Carta Magna que está vigente, que cumplió 18 años. Más allá de contar con algunos puntos destacables, terminó siendo un compendio de excesos políticos y de deudas institucionales.  

En los gobiernos de las últimas décadas las posibles reformas fueron asuntos recurrentes. Los últimos runrunes habían sido durante la gestión de Juan Manzur. Primero, se había intentado instalar el tema ante la posible intención del entonces gobernador de acceder a un mandato más. Fue el propio Jaldo, que era vicegobernador, el que destapó públicamente esa olla durante la interna por la sucesión irresuelta. Luego, volvió al tapete cuando el oficialismo anotó inicialmente la fórmula invertida (Jaldo-Manzur) para competir por la Casa de Gobierno el año pasado. Tras una definición judicial adversa que suspendió las elecciones, finalmente Manzur desistió de su candidatura y fue reemplazado por Acevedo.  

Tras la reforma sancionada en el 90 y que tuvo como protagonista al bussismo, prácticamente todos los gobernadores tuvieron intenciones de hacer cambios o los intentaron sin suerte. Sólo José Alperovich lo logró.

Parcial

La reforma planeada por Jaldo es parcial, es decir, que se limitaría a determinados aspectos. Aún así, de realizarse, el espectro de temáticas terminaría siendo muy amplio. La profundidad de los cambios, esperan en su entorno, se definirá en consenso con todas las fuerzas, incluida la propia. No sólo se podrían incluir las modificaciones al sistema electoral sino que se buscaría subsanar los múltiples yerros de la Carta Magna alperovichista de 2006.

Dentro de la temática electoral, lo más taquillero es el futuro de los acoples, el sistema de acuerdos que permite a diversos partidos afines enganchar sus candidatos a una misma fórmula o candidato. El mar de boletas en los cuartos oscuros fue la manifestación más tangible - y más rechazada- de esta estrategia.

El incluir este tipo de asuntos en la Constitución terminó siendo una garantía para el justicialismo de que sería difícil cambiar la modalidad que lo benefició durante los años siguientes. Porque hay una verdad de perogrullo: ningún Gobierno impulsará una reforma que lo perjudique en las urnas.

En cercanías del mandatario hay referentes que relativizan el alcance de este posible cambio. Es probable, manifiestan, que se resuelva proponer otra modalidad que se acomode a las necesidades de la dirigencia. “El peronismo sabe cómo usar y sacar jugo de todas las normas”, advirtió un dirigente de experiencia. Hizo también una reflexión práctica sobre la magnitud de las colectoras: hubo alrededor de 120 candidatos a legisladores por el oficialismo y 32 llegaron a las bancas, dijo. “Los que llegaron aportaron el 30% de los votos al peronismo y los que no, el 70%”, concluyó. Ergo, la suma de los que están compitiendo abajo entre sí es demasiado conveniente para los postulantes a los ejecutivos. Descartados los lemas, ¿qué mecanismo idearán? Esa es una pregunta cuya respuesta seguirá sin respuesta por algún tiempo más.

En cuanto al sistema de votación, se podría mantener el voto de papel, aunque con la boleta única. Todos estos aspectos entrarán en estudio y se verán todas las alternativas posibles.

La postura de Jado sobre la reelección dejó atónitos a todos. El titular del Ejecutivo había considerado posible acotar a uno los mandatos posibles para cargos ejecutivos y legislativos, aunque esto lo limite inclusive a él. Este punto dejó en ascuas a la mayoría que ocupa cargos, porque gran parte está habilitada para ir por un mandato más. Lo cierto es que lo único descartado totalmente es la habilitación de la indefinida.

La desconfianza reina entre los referentes de la oposición y hasta entre algunos peronistas sobre los capítulos que abarquen la temática de elecciones. Descreen de las intenciones de Jaldo, en quien reconocen a un rival tan potente y avezado como de poco fiar.  

Los convencionales tendrán que trabajar también en todas las cláusulas caídas. Inclusive antes de que se sancionara la Carta Magna, ya se habían registrado cuestionamientos sobre figuras importantes. De hecho, varios de los planteos aún siguen a espera de una resolución por parte de la Justicia.

Entre los temas que fueron objetados están, por ejemplo, la conformación de la Junta Electoral Provincial (sustituía al ministro fiscal por el fiscal de Estado); la cláusula que habilitaba la posibilidad de futuras reformas mediante enmiendas y la regulación del Consejo Asesor de la Magistratura en el ámbito del Ejecutivo.

Mientras que hay disposiciones que jamás se cumplieron como la implementación del voto electrónico o la sanción de las cartas orgánicas municipales.  

En los apuntes se prevé incluir expresamente derechos para la ciudadanía, como el acceso a la vivienda o a servicios públicos de calidad y el limitar la planta de empleados estatales al 50% del Presupuesto. Tiene un apartado especial para el funcionamiento de la Justicia. Si bien el gobernador adelantó que habría que revisar que los jueces puedan revalidar sus cargos de manera periódica, no serían los únicos cambios en análisis.

El porqué y el para qué de Jaldo

Los poquísimos allegados que le consultaron al respecto interpretan que la determinación del gobernador tiene que ver con una mezcla de razones internas y externas. En el primer grupo de motivos anotan la necesidad de supervivencia política en un contexto social hostil para con la dirigencia en general. La cercanía de Jaldo con el mileísmo y sus decisiones de gestión lo han reposicionado, según sondeos que guarda el oficialismo, en sectores sociales poco afines al peronismo y entiende que esto le daría el respaldo para proponer los cambios. Si bien la contracara es una resistencia en líneas críticas del PJ, entiende que es el mejor momento para este intento. “Es ahora o nunca”, dicen en la Casa de Gobierno. La desconfianza principal en los despachos del poder tiene que ver con cómo seguirá la situación económica y social en el país.

Figura en este conjunto, además, la cuestión personal de querer ir “por el bronce”. El hombre lleva 41 años en la actividad política y ocupa el puesto al que siempre aspiró. Por ello, a sus colaboradores más cercanos no les extraña que pretenda una Constitución nueva, con la mirada puesta en la ciudadanía más que en la política. El titular del Ejecutivo es, además, el protagonista de la política tucumana. “Al gobernador le gusta estar en el centro de la escena, en el ring”, repiten quienes lo frecuentan. Expresan que suele repetir que la función pública no es “para tibios” y que por ello toma decisiones contundentes.  

En cuanto a las motivaciones exógenas, mencionan que las modificaciones en las reglas de juego electorales nacionales que impulsa la Rosada generarán un contexto ideal para validar las locales. Considera que tendrá el apoyo del Gobierno nacional, un asunto no menor para emprender este tipo de empresas.

La otra es nada menos que la oposición: el mandatario detesta que intenten marcarle la cancha y que condicionen su agenda. Buscó adelantarse a las críticas de los disidentes tucumanos ante lo que viene en la Nación. Encuentra bastantes facilidades al respecto, entienden en el peronismo, porque gran parte de la oposición quedó diluída después de la caída de Juntos por el Cambio y del ascenso de Javier Milei al poder o fue absorbida por el “osvaldismo”.        

La decisión de Jaldo movió el tablero y lo dejó tambaleando. Son apenas los primeros minutos de un partido que promete sorpresas y más movimientos fuertes.