La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que castiga con hasta cinco años de prisión y multas a quienes publiquen contenidos en redes sociales que generen "alarma, temor, pánico o zozobra" entre la población. Esta ley, calificada como "ley mordaza" por los medios opositores en el exilio, endurece las sanciones de la ley de ciberdelitos de 2020, que ya había sido utilizada para acusar y arrestar a opositores y periodistas por la "propagación de noticias falsas". La nueva normativa amplía su alcance para incluir tanto a ciudadanos dentro del país como en el extranjero.
La oposición denuncia que esta ley busca legalizar la censura en redes sociales, restringiendo aún más la libertad de expresión en un país donde ya existen fuertes restricciones a los medios de comunicación independientes. Por su parte, el Parlamento nicaragüense, controlado por el gobierno de Daniel Ortega, defendió la ley afirmando que fortalece la "prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de los delitos" relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Según el artículo 1 reformado, el objetivo es proteger tanto a personas naturales como jurídicas, así como los sistemas informáticos que utilizan dichas tecnologías.
El ámbito de aplicación de la ley es de orden público y se extiende a cualquier persona que facilite o participe en la comisión de los delitos previstos, incluyendo autores materiales, intelectuales, cómplices y cooperadores necesarios. El gobierno justificó la reforma alegando la necesidad de combatir delitos informáticos que amenazan la paz social y la estabilidad del país, argumentando que estas actividades pueden ser llevadas a cabo tanto por individuos como por organizaciones criminales nacionales o internacionales. Sin embargo, la ley ha sido criticada por no definir claramente conceptos clave como "información falsa" e "información tergiversada", lo que deja su aplicación sujeta a interpretaciones amplias y arbitrarias.
La nueva norma, compuesta por 48 artículos y 25 definiciones, se suma a una reciente reforma al código penal que impone penas de hasta 30 años de prisión y la confiscación de bienes por "delitos contra el Estado". Estas reformas son vistas como parte de la estrategia del gobierno de Ortega para endurecer la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos y provocaron el cierre de unas 5.500 ONGs, cuyos bienes han sido confiscados. Desde entonces, miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados del país.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Ortega buscan cerrar aún más el espacio para la disidencia, reforzando el control sobre la información y limitando la capacidad de los ciudadanos para expresarse libremente en redes sociales y otros medios digitales. Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos han condenado la ley como un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario, donde la represión y el control de la información son usados como herramientas para mantener el poder y silenciar las voces críticas.