La Justicia desestimó la denuncia de Lourdes Arrieta, diputada libertaria, por la visita de sus colegas a represores en la cárcel de Ezeiza, declarando inexistencia de delito.
El juez Ernesto Kreplak consideró que no hubo infracción penal en la visita realizada en julio y ordenó cerrar el expediente en esa línea, aunque se seguirá investigando posibles irregularidades en los controles penitenciarios. Además, se decidió retirar la custodia policial de Arrieta y su familia, indicando que cualquier medida de seguridad adicional debe ser resuelta por el Congreso.
Arrieta, quien renunció al bloque de La Libertad Avanza y formó su monobloque "Las Fuerzas del Cielo", había denunciado que fue engañada por sus colegas para participar en la visita. Acusó a los diputados y a funcionarios penitenciarios de coacción agravada, abuso de autoridad y otros delitos. Sin embargo, su denuncia fue rechazada tanto por el juez como por dos fiscales, quienes señalaron que la diputada no podía alegar desconocimiento sobre la naturaleza de la visita.
La diputada fue una de los seis legisladores que participaron en la polémica visita a la Unidad 31 del penal de Ezeiza, donde se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz y Adolfo Donda. Rocío Bonacci fue la única que se negó a participar y no aparece en la foto que circuló, tomada por un asesor de uno de los diputados. Arrieta denunció irregularidades en los controles de ingreso y alegó que se permitieron teléfonos celulares sin revisión.
Arrieta también aseguró haber sido objeto de amenazas tras denunciar la visita. Apuntó al rol del cura Javier Olivera Ravasi y de varios abogados conservadores involucrados en la organización del encuentro, quienes, según Arrieta, buscaban impulsar medidas para otorgar prisión domiciliaria a los militares condenados. Ravasi, un influyente religioso de derecha, fue removido de sus funciones pastorales por la diócesis de Zárate-Campana tras las denuncias.
Finalmente, el juez criticó la judicialización de cuestiones políticas internas, indicando que los asuntos derivados de la visita deben resolverse en el ámbito parlamentario. Así, Arrieta fue apartada del rol de querellante y la Justicia dejó la decisión de medidas de seguridad en manos del Congreso.