El Gobierno nacional recibió antes de este último fin de semana el texto de la ley de Presupuesto Universitario, aprobada por el Senado de la Nación el pasado 13 de septiembre. Ante este escenario, el presidente, Javier Milei, afronta un nuevo desafío porque tiene 10 días hábiles para vetar la iniciativa porque de lo contrario se convertirá automáticamente en ley. El plazo legal vence el 3 de octubre, un día después de la movilización que están organizando las universidades nacionales de todo el país.

Mientras allegados a Casa Rosada ya anticipan un veto total, en igual sintonía que lo ocurrido con la reforma previsional, y el Congreso empieza a analizar el Presupuesto 2025, que prevé el envío de $3,8 billones a las universidades nacionales, casi la mitad del presupuesto estimado por el Consejo Interuniversitario Nacional, algunos bloques políticos ya debaten la insistencia de la ley.

Si todo esto ocurre, la gestión libertaria volverá a enfrentar un escenario legislativo similar al registrado hace días atrás, cuando logró mantener el veto presidencial sobre las jubilaciones con apoyo del PRO y un puñado de dirigentes radicales. Diputados dio media sanción a la norma con 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención. En esa lista se observa que 35 legisladores estuvieron ausentes, y en ese grupo cada sector buscará los votos para imponerse.

Senado: con 57 votos a favor y 10 en contra, se aprobó el presupuesto universitario

Entre los que podrían votar a favor de la insistencia, se ausentaron 15 diputados de Unión por la Patria, cinco de Encuentro Federal y tres de la Coalición Cívica. Si todos ellos se presentan, el número de votos para insistir con la ley alcanzaría los 169.

Por el lado del bloque que apoya el veto sumarían 84 votos, y la clave vuelve a estar en la UCR.