La semana que pasó se conoció un caso que causó preocupación en la zona denominada Ojo de Agua en Tafí del Valle. El sábado anterior, personal de las Direcciones Provincial del Agua (DPA) y de Flora y Fauna confirmó que desconocidos estaban cercando un sector de este paraje, que está ubicado en la desembocadura del río Tafí en el dique La Angostura. El abogado de la DPA se presentó el lunes en la comisaría de Tafí del Valle para realizar la denuncia, ya que se estaban apoderando ilegalmente de tierras fiscales. Los policías confirmaron la versión y anoticiaron a la fiscala Mónica García de Targa. La representante del Ministerio Público ordenó que se identificara a los autores de la usurpación y que se les comunicara que serían investigados por el delito que estaban cometiendo. Se cree que los autores fueron integrantes de la autodenominada comunidad indígena del Ojo de Agua, pero eso es aún materia de investigación. Finalmente el jueves, la Policía retiró los alambrados que habían sido colocados en el lugar.

Este nuevo caso motivó la reacción de muchos vecinos y veraneantes que, mediante distintos grupos de WhatsApp, demostraron su preocupación ya que, según dicen, las usurpaciones se están multiplicando de manera preocupante.

La pandemia parece haber sido un punto de inflexión: durante buena parte del 2020 fue muy difícil acceder al valle de Tafí, ya que integrantes de agrupaciones indigenistas, apoyados por autoridades políticas, cortaban el paso por la ruta 307. En ese marco de aislamiento y descontrol, se produjeron graves hechos en distintos lugares. Los más resonantes fueron en La Quebradita, donde se ocuparon terrenos fiscales y privados. Después de largos litigios, los ocupantes fueron desalojados.

En los últimos años se ha vuelto notable el incremento de tomas ilegales. Desde la misma banquina de La Angostura o los morros del Nuñorco, en las inmediaciones del Mollar, hasta los límites de la reserva La Angostura, pasando por El Rincón, Las Carreras, El Rodeo, La Ovejería, La Quebradita, El Lamedero y tantos otros, el avance sobre tierras fiscales y privadas al amparo de supuestos reclamos ancestrales deja al descubierto el descontrol que opera en el valle. En este sentido, la ley 26.160, de 2006, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, ha sido prorrogada desde 2010 sin que se hayan concluido sus propósitos, que eran el relevamiento técnico -jurídico- catastral de las comunidades y la definición de sus propiedades, a  raíz de lo cual persisten constantemente los conflictos.

Varias veces, el arquitecto Osvaldo “Oso” Merlini, profundo conocedor de Tafí, ha dicho que el valle está al límite. Lo agreden las motos, los ruidos, las construcciones, la basura, el uso intensivo y el urbanismo no planificado. En esta última categoría podríamos inscribir la ola de usurpaciones. Porque este crecimiento anárquico favorece a aquellos que ponen en duda la propiedad privada e intentan quedarse con tierras que no les pertenecen.

Da la sensación que revertir tantos años de descontrol será complicado. Pero creemos que es fundamental preservar el valle de un deterioro que alguna vez -quizás no dentro de mucho- será irreversible.