La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, en una causa que investiga si, durante su paso por diferentes cargos en la función pública, percibió de manera simultánea ingresos irregulares como titular en licencia del Registro Automotor Seccional N°57 de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por la sala I del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que el sobreseimiento previo había sido otorgado sin evaluar exhaustivamente pruebas relevantes. En su fallo, ordenan reabrir la investigación y avanzar con diligencias pendientes.

El tribunal señaló que “resta determinar si Garré percibió y dispuso de los emolumentos correspondientes al Registro Automotor, a pesar de hallarse en uso de licencia y mientras ocupaba otros cargos públicos”. Asimismo, destacó la necesidad de establecer cómo se accedió a las cuentas bancarias relacionadas con los ingresos del registro durante el período señalado.

La causa: cobro de sueldos simultáneos

La causa, abierta en 2013, busca esclarecer si la ex ministra cobró simultáneamente una jubilación, los ingresos derivados de su licencia como titular del Registro Automotor y su sueldo como funcionaria pública, lo que podría constituir una irregularidad incompatible con la normativa vigente.

Garré había sido sobreseída en tres instancias previas por inexistencia de delito, pero el fiscal Raúl Plée apeló el fallo al considerar que la investigación no había agotado las pruebas necesarias.

Casación subrayó que los titulares de Registros de la Propiedad del Automotor tienen carácter de funcionarios públicos, un rol que implica responsabilidades específicas en la administración de recursos de origen estatal. Según el tribunal, esta condición exige esclarecer si existió incompatibilidad en los ingresos percibidos por Garré.

La Fiscalía sostiene que no se han descartado las hipótesis acusatorias vinculadas al cobro simultáneo de ingresos, una práctica que estaría vedada por las leyes vigentes y que podría constituir un delito contra la administración pública.

Con esta resolución, el caso regresa a la etapa de instrucción para avanzar en la producción de las pruebas necesarias.