Alejandra Martínez, abogada y ex secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de Tucumán, denunció públicamente las "pésimas condiciones laborales y edilicias" que sufren los empleados del Ministerio Público Fiscal. Según la letrada, las dependencias ubicadas en Avenida Sarmiento 1.215, un antiguo edificio que anteriormente funcionaba como depósito de Fecovita, presentan serias deficiencias en infraestructura, salud y seguridad.
"Trabajamos en condiciones degradantes, humillantes e incluso mortales", afirmó Martínez. La abogada detalló que los empleados deben lidiar con techos de chapa sin ventilación, paredes en mal estado, escaleras rotas y condiciones de insalubridad extremas. Aseguró que, a pesar de que el edificio no está habilitado para el trabajo, varias oficinas funcionan en ese espacio sin contar con la debida autorización ni adecuación.
Martínez presentó la denuncia junto a Gustavo Morales, tanto en la municipalidad de San Miguel de Tucumán como en la Secretaría de Trabajo de la Nación, con el respaldo de informes elaborados por ingenieros, arquitectos y licenciados en higiene y seguridad. En sus denuncias, adjuntó fotografías y videos que evidencian la precariedad con la que los empleados deben desempeñar sus funciones, describiendo situaciones como la caída de un pedazo de revoque durante un desayuno.
Además, la abogada denunció que la situación no es nueva, pero se intensificó después de que el Ministerio Fiscal, bajo la gestión de Edmundo Jiménez, no tomara medidas para resolver el problema a lo largo de los últimos cinco años. Según Martínez, este abandono ha generado un ambiente de "precarización laboral" con contrataciones temporarias y sin garantías de derechos laborales.
"En la casa donde se hacen cumplir las leyes, se están violando", expresó con firmeza, destacando la contradicción entre las normativas que rigen la justicia y las condiciones en las que deben trabajar los empleados. La denuncia también subraya la falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio Público Fiscal, a quienes Martínez acusó de eludir el diálogo sobre la situación.
La abogada anticipó que esta denuncia es solo el inicio de una serie de acciones legales en contra de las autoridades del Ministerio Público Fiscal, ya que, según su testimonio, existen numerosas irregularidades tanto funcionales como edilicias que aún persisten en las dependencias del edificio.
"Estamos luchando por condiciones laborales dignas", concluyó Martínez.