Una denuncia por violencia de género destapó lo que podría ser una red de irregularidades con mercadería estatal en el barrio Manantial Sur. En un operativo realizado en la vivienda ubicada en la manzana 19, casa 13, la Policía encontró una gran cantidad de productos destinados a programas sociales, que según vecinos, nunca fueron distribuidos como correspondía.

Dos mujeres que conocían al detenido ofrecieron su testimonio bajo anonimato y describieron una supuesta metodología de fraude: “Él pedía la fotocopia del DNI a las familias que necesitaban la mercadería, pero nunca llegaba nada. Veíamos camiones descargando productos, especialmente en épocas de elecciones, pero siempre decía que eran para otros comedores”.

Un comedor que funcionó apenas dos meses

Las vecinas relataron que hace cinco años fueron invitadas a colaborar en un comedor infantil que el acusado supuestamente organizaba en el barrio. Sin embargo, este dejó de funcionar al poco tiempo, aunque los camiones con mercadería continuaban llegando. 

“Nos dimos cuenta de que no era para ayudar al barrio, era una estafa. Recibía mercadería en grandes cantidades, pero nunca se entregaba a quienes más lo necesitaban”, afirmaron.

Vínculos con dirigentes y uso político

Según las denunciantes, el hombre se presentaba como dirigente barrial y político, asegurando trabajar con diferentes figuras públicas según la época electoral. Mencionaron posibles vínculos con funcionarios de la Legislatura y el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), aunque prefirieron no detallar nombres por temor a represalias. “En elecciones, los camiones venían hasta una vez por semana. Era evidente que había un uso político”, aseguraron.

El operativo policial

El allanamiento se originó por una denuncia de violencia de género presentada el domingo por la pareja del acusado. Según fuentes policiales, al ingresar a la vivienda, encontraron cantidades significativas de mercadería etiquetada como "Prohibida su venta", proveniente de programas sociales del Estado.

Investigación en curso

La Justicia investiga si además del uso político de los recursos, hubo una comercialización indebida de los productos. 

"Esto podría indicar una doble irregularidad: por un lado, aprovechar los recursos estatales con fines electorales, y por otro, obtener un rédito económico vendiendo lo que debía entregarse gratuitamente", explicaron fuentes judiciales.

La vivienda en cuestión se distingue de las demás por estar completamente tapiada, lo que, según los vecinos, permitía ocultar las actividades que allí se realizaban.

Un barrio en alerta

Los vecinos expresaron su frustración: “Pensábamos que trabajaba por el bien del barrio, pero nos sentimos traicionados. En un lugar donde hay tanta necesidad, esto es inaceptable”.