Tras la detención del senador Edgardo Kueider, quien intentó ingresar a Paraguay con más de U$S200.000 sin declarar, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su indignación al respecto.

“Estoy harto de que Entre Ríos sea noticia por hechos de corrupción. Trabajo todos los días para que seamos noticia porque empezamos a desarrollar nuestro sector productivo, la ciencia, la tecnología y la inversión en infraestructura, pero que nos desayunemos con estos hechos lamentables a diario me da mucha bronca”, dijo el mandatario durante una entrevista radial.

El gobernador, además, calificó lo ocurrido como un acto que “genera desconfianza y bronca en la gente” y aseguró que “ahonda la grieta entre la sociedad y la política”.

“Los argentinos estamos atravesando la crisis más grave desde la recuperación de la democracia y ver hechos como este producen mucha indignación. También fortalece la sospecha de que todo lo que falta en las rutas, en la educación y en la salud pública tiene que ver con que algunos políticos se hicieron de los recursos de la gente”, expresó el gobernador, según replicó Infobae.

Y agregó: “Espero que se haga justicia. Si algo ha cambiado en estos 12 meses es que ahora la Justicia tiene la libertad para trabajar como nunca antes la tuvo, porque hay un Poder Ejecutivo que no trata de influir en sus decisiones y defiende a rajatabla la división de poderes, la República y la democracia”.

Finalmente, remarcó que su gobierno “no opina sobre los fallos de la Justicia”, y concluyó: “No queremos que los acusados o condenados tengan después la excusa de hablar de lawfare y utilizar la politización de la Justicia para lograr zafar de sus responsabilidades. Priorizamos que se haga justicia antes que aprovechar política o electoralmente los hechos de corrupción de nuestros adversarios”.

Las declaraciones de Frigerio ocurren horas después de que la Justicia de Paraguay ordenara el arresto domiciliario tanto del senador Edgardo Kueider como de su secretaría Iara Magdalena Guinsel Costa. La decisión la tomó el juez Humberto Otazú, tras una audiencia que duró más de dos horas, y en la cual también participó el fiscal Edgar Benítez, quienes también decidieron establecer una fianza de 150.000 dólares cada uno para dejar la cárcel.