El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles, a través del decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial, el inicio de la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones.
El decreto confirmó la decisión de transferir al sector privado la gestión de más de 9.000 kilómetros de infraestructura vial, entre los cuales se encuentra la estratégica Ruta del Mercosur que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estableció un plazo de doce meses para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional.
Según el documento, la decisión de privatizar las concesiones viales también tiene como objetivo garantizar la "conservación y el mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas pertinentes, asegurando los servicios de asistencia al usuario y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general".
Este proceso se realizará con el fin de "otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario", tal como lo establece el decreto.
La Ruta del Mercosur, clave para el comercio regional
Uno de los tramos más relevantes dentro de esta licitación es la denominada Ruta del Mercosur, un corredor vial clave para el comercio internacional de Argentina. Este corredor conecta a la Argentina con países del Mercosur como Brasil, Paraguay y Uruguay, facilitando el transporte de mercancías entre estos mercados. La Ruta del Mercosur, que abarca principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14, y el Puente Rosario-Victoria, recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con una extensión aproximada de 675 kilómetros.
El proceso de privatización de esta ruta y otros tramos viales plantea implicaciones significativas para la economía regional. De acuerdo con las autoridades nacionales, "es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres (3) de las cuatro (4) naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande".
La mejora en la infraestructura de estas rutas es vista como una necesidad urgente por los actores económicos, quienes alertan sobre el deterioro de la infraestructura vial y su impacto en la competitividad del comercio internacional.
El Gobierno fundamentó esta medida en la necesidad de reorganizar el sector público y mejorar la eficiencia en la gestión del Estado. Según el decreto, se busca cumplir con los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la cual establece una serie de principios para reducir el tamaño de la estructura estatal, transparentar el gasto público y equilibrar las cuentas nacionales.
"La norma propicia la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto, equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas", destaca el considerando del decreto.