Dos circunstancias con respecto al basural de El Mollar revelan la frágil o nula planificación y la debilidad de las instituciones de los Valles. Una es el fracaso de la planta de separación de residuos en Tafí del Valle, comprada hace aproximadamente tres lustros y puesta en 2012 en el paraje conocido como Pie del Cerro, La Banda. La obra iba a ser inaugurada en 2020 y quedó paralizada por un planteo judicial. La otra es el malogrado funcionamiento de la planta de tratamiento de basura de El Mollar, donada hace dos décadas por la minera Alumbrera como compensación por una sanción ambiental, y habilitada en la entrada a la población en un predio entonces alejado de las casas. Pero lo que fue prometido como una solución supuestamente moderna al creciente problema de los residuos se convirtió con el paso de una década en un foco infeccioso que generó fuertes protestas de vecinos y veraneantes en los últimos años. Esa planta va a ser clausurada a partir de este martes y los residuos, unas 100 toneladas diarias en esta temporada alta, van a ser trasladados provisoriamente a la planta de clasificación de San Felipe, al este de la capital. Desde allí, luego del proceso de separación serán enviados al sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos en Overo Pozo.
Cuando se expropiaron las cuatro hectáreas en La Banda para montar la planta de Tafí del Valle -que es del tipo de la que se instaló en ese tiempo con éxito en Tafí Viejo, hoy convertido en ejemplo ambiental en la provincia- se pensó que estaban previstos todos los recaudos ambientales. Así lo dijo un asesor letrado de la Municipalidad en su momento, al revelar que hubo certificados previos de habilitación de la Dirección de Medio Ambiente y del Agua de la provincia. Pero una demanda de los dueños de los terrenos planteó que no eran el sitio adecuado, que estaba muy cerca del río y que había un informe desfavorable de la UNT. Por ahora no se ha dado a conocer en qué instancia se encuentra este pleito.
En el caso del predio donde se instaló la planta de El Mollar en 2003, todo pareció funcionar en los primeros tiempos. Pero “una vez que la planta se instala, 12 o 13 familias empiezan un juicio de prescripción adquisitiva con el objeto de quedarse con esas tierras que ellos decían que con anterioridad usaban para agricultura. Ganaron el juicio en 2013. A partir de allí empezó un boom inmobiliario, proceso que dio lugar a que se pueblen unas 130 hectáreas que rodean a la planta. La gente que compró, lo hizo con posterioridad a la construcción de la planta”, dijo el delegado comunal.
Hace dos años, ante un anunciado corte de ruta por parte de los vecinos, en el comienzo de la temporada de verano 2023, el Gobernador anunció un programa con varias áreas estatales para resolver el problema, que había ido agigantándose de la mano del crecimiento caótico del valle de Tafí. El mandatario anunció que la planta se iba a trasladar y se instaló una ayuda y un control en la gestión de la planta, para minimizar la contaminación ambiental mientras se buscaba un terreno apto para llevar la basura lejos de la comunidad y con adecuadas medidas ambientales. Dos años después, llegamos en silencio a la crisis de hoy.
Está claro que se debe encontrar un predio apto, lo cual es complejo, porque no se trata solamente de arrojar allí los desperdicios, sino que se debe prever un proceso de separación y de reciclado. De hecho, eso se contempla cuando se autorizan estos proyectos y estas instalaciones. Esta emergencia muestra la necesidad de planificar en respuesta a las demandas del momento y al mismo tiempo en función de las necesidades futuras, siempre con las previsiones legales. No se puede -ni debe- hacer las cosas de otra manera.