A casi dos meses del secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, su pareja, María Alexandra Gómez, volvió a pedir su liberación pero en esta oportunidad reclamó la intervención de la Corte Penal Internacional.

A través de una publicación en su cuenta de X, la mujer apeló directamente a Karim Ahmad Khan, procurador de la CPI y expresó: “Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados”, planteó la mujer.

Más temprano había hecho otro posteo donde había remarcado: “Libertad para Nahuel Agustín Gallo, detenido e incomunicado injustamente hace 51 días en Venezuela. Su familia necesita su liberación, lo estamos en esperando para regresar a casa”.

La semana pasada se había pronunciado en el mismo sentido y apuntado que Gallo se había perdido el cumpleaños de su hijo: "Nahuel tiene derechos. En el artículo 46 de la Constitución venezolana dice que todo ciudadano tiene el derecho a ser respetado en cualquier situación de detención. Nahuel desde el día 8 de diciembre no hemos sabido nada de él, para nosotros es muy doloroso. Hoy es 21 (de enero) y nuestro hijo, Víctor Benjamín está cumpliendo 2 años, lejos de su papá, lejos de todos los planes que nosotros teníamos a esta altura".

El pasado 2 de enero el gobierno de Javier Milei presentó la denuncia ante el mismo organismo por detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme.

La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La administración nacional también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 3 de enero otorgó medidas cautelares a favor del gendarme argentino secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre.

"Conforme lo revelan las declaraciones de altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre Nahuel Gallo y el país del que es nacional, además, la Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario", reza el documento oficial.

En su escrito, el organismo internacional exige al régimen de Nicolás Maduro que:

-adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. En particular:

-informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;

-precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos;

-indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha;

-permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal, de existir; y

-posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional; y

-informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.