En la segunda jornada del debate oral que tiene por disputa a la Estancia Riarte, los nueve imputados por los delitos de tentativa de homicidio, usurpación y robo agravado terminaron de declarar ante el Tribunal, negaron todas las acusaciones en su contra, dieron su versión de los hechos y apuntaron contra uno de los propietarios.
La Estancia Riarte está ubicada al norte de Tucumán, justo en el límite con la localidad salteña El Jardín. Tiene más de 200 años de historia y fue pasando por distintos dueños. Los últimos en adquirirla fueron Jorge Posse y Alfredo Moreno, quienes compraron las tierras en sociedad en 2006 y fueron escrituradas en 2010. A partir de allí comenzaron a tener problemas con la comunidad Indio Colalao que vivía dentro de la Estancia hace décadas. Esto desencadenó un contexto de violencia que se fue incrementando con el tiempo y que generó una serie de denuncias, las cuales culminaron con nueve imputados de la comunidad que empezaron a ser enjuiciados el lunes.
Se inició el juicio por las usurpaciones en la Estancia RiarteLos encartados, defendidos por Carlos Garmendia, eligieron sentarse frente a los jueces Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce para defenderse. El lunes lo hicieron María Lilia Delgado y Benito Toledo. Hoy expusieron Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, Juan Carlos Toledo, Carlos Omar López, Ciro Fernando López y Felipe Santiago Cruz.
El primero en prestar declaración fue Carlos Omar López, actual senador salteño. El funcionario contó que se mudó a la Estancia cuando era un niño y que estudió en la escuela que está construida en su interior. En consonancia con lo manifestado por Delgado y Toledo, el imputado dijo que habían convivido sin problemas con los propietarios anteriores y señaló a Moreno como la persona que inició los disturbios. “Vivimos toda la vida ahí. Se trata de personas humildes que le tenían miedo a Freddy. Él recorría la finca con un papel diciendo que era el dueño y también andaba con una pistola. Recuerdo que le sacaba animales a la gente diciéndoles que le tenían que dar a cambio por el pastaje”, dijo. “Nosotros no somos personas que vamos a agredir a alguien y vamos a hacer daño. No somos capaces de hacer las cosas de las que nos acusan”, sostuvo antes de finalizar su alocución.
Parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscala Estela Giffoniello -y que es respaldada por los querellantes Camilo Atim y Florencia Abdala y el representante civil, Javier Lobo Aragón-, plantea que los imputados en junio de 2012 aprovecharon la ausencia de sus propietarios e ingresaron ilegalmente al inmueble rompiendo el candado del portón de acceso. Una vez que Moreno llegó en compañía de su hijo a la Estancia fueron duramente golpeados por los acusados, quienes también les sustrajeron sus pertenencias.
Una particularidad que tiene la ubicación del campo es que para poder acceder a él hay que ir hacia Salta y desde allí cruzar a la provincia atravesando un río. Los acusados explicaron que el portón de entrada al inmueble históricamente había permanecido abierto hasta que un día los denunciantes lo cerraron, impidiendo así la circulación y el ingreso de vehículos que usaban para cruzar el río.
Según dijeron, dicha decisión habría comprometido a una mujer que necesitaba ser auxiliada por una ambulancia tras haberse quebrado la cadera. Como el vehículo no podía pasar, tuvieron que sacarla en carretilla. Esto los habría motivado a abrir el portón a la fuerza. “Ese 12 de junio fuimos al portón y lo abrimos porque no podíamos pasar”, declaró Mercado. “Fue una decisión que tomamos con la gente de la comunidad”, señaló López.
Todos los señalados negaron las acusaciones en su contra. Algunos incluso manifestaron que ni siquiera estuvieron en la Estancia el día en que se habría producido el episodio. “Cuando el fiscal (Guillermo) Herrera (ya fallecido) llegó con un papel y me nombró como acusado no entendía por qué estaba mencionado si Moreno ni siquiera me conocía”, dijo Humano.
Mañana seguirán declarando los testigos aportados por la Fiscalía.