Ana Cecilia Concha Bocanegra
Profesora de Trabajo Social y Antropología Social y Cultural en la UNT. Coeditora, junto a Santiago Garaño, de “Operativo independencia: geografías, actores y tramas” (EDUNT, 2022)
Durante el año 2016 y gran parte de 2017 tuve la oportunidad de realizar una estadía de investigación con perspectiva antropológica en el contexto del juicio por la megacausa Operativo Independencia, la duodécima causa que juzgó en Tucumán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra doscientos setenta y una víctimas. Este juicio reunió casos acontecidos entre el 8 de febrero de 1975 y marzo de 1976, etapa en la que tuvo lugar la ocupación de gran parte del territorio tucumano por parte del Ejército Argentino, que desplegó sobre la población el aparato represivo legal e ilegal. Fue en este contexto donde emergió el primer Centro Clandestino de Detención del país, conocido como la “Escuelita de Famaillá”, lugar tristemente conocido por las atrocidades cometidas contra la población. Una dependencia estatal que le pertenecía al Estado y que fue utilizada por el Ejército con fines represivos y de disciplinamiento social.
Magnitud de la represión
La asistencia a este juicio me permitió dimensionar la magnitud de la represión que recayó sobre las poblaciones urbanas y las rurales vinculadas al surco. Por primera vez, habitantes de nuestro Tucumán profundo vieron su voz habilitada para testimoniar ante las Justicia sobre las atrocidades que padecieron en esa época. Esto también develó escalas de análisis y temporalidades diferentes a las hegemónicas, asociadas a procesos de las grandes urbes que toman el 24 de marzo como fecha canónica del Estado. Los juicios por lesa humanidad en nuestro país posibilitaron la recolección de información que permitió identificar centros clandestinos de detención e inhumación, determinar los circuitos represivos y de las personas que pasaron por ellos. Todo este bagaje de información y testimonios son claves para poner en discusión los discursos negacionistas que sostienen, pese a las contundentes pruebas en sentido contrario, que lo acontecido en los setenta fue una guerra, y que los perpetradores son presos políticos.
A cincuenta años del Operativo Independencia