La licitación pública abierta por el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) ingresa en su etapa final. Tras el cierre del plazo previsto para las observaciones entre las empresas oferentes, se vendrá el desenlace para conocer quién se encargará por los próximos cinco años de la operación en las plantas de San Felipe (clasificación) y de Overo Pozo (disposición final).

La presidenta del Girsu, Eugenia Andrade, defendió la transparencia del proceso licitatorio, y aseguró que se cumplieron todos los requisitos legales. “Ahora se está cerrando la etapa de observación, pero hasta aquí el Consorcio no ha recibido presentaciones de ninguna de las partes”, expuso al iniciar el proceso de revisión. Al tiempo de esta nota, los reparos de las empresas fueron notificados a cada una.

El respaldo también llegó de parte de Yerba Buena. El intendente Pablo Macchiarola resaltó el avance de la iniciativa. “Luego de varios años se logró realizar una licitación pública en el Consorcio Metropolitano, ésta es de $81.000 millones y permitirá ahorrar más de $ 3.600 millones anuales a los vecinos del Gran San Miguel de Tucumán. La constante propuesta de Yerba Buena de licitar el servicio desde el 2016, en 2024 tuvo acompañamiento de la Capital y pudo hacerse realidad”, destacó. En tanto, el legislador Manuel Courel, ex consejero del Girsu por la “Ciudad Jardín”, agregó: “lo quieren politizar al tema y cuestionar la licitación, cuando lo que está haciendo San Miguel de Tucumán, con Rossana Chahla, y Yerba Buena, con Pablo Macchiarola, es lo que nosotros venimos pidiendo en todo momento. Rescato, aplaudo y reconozco que esto es lo que se tendría que haber hecho desde un principio”.

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En este sentido, el legislador valoró que el proceso licitatorio significa “un hito para Tucumán” y que “hay que cuidar el proceso” para que se mantenga la transparencia. “El éxito del Consorcio y de esta licitación tiene que ser un puntapié inicial para que se pueda ampliar la facultad del mismo a otros ámbitos que no sea solamente de la basura, sino también -por ejemplo- el transporte. Porque la problemática metropolitana va mucho más allá de la basura y hay temas que son urgentes”, fundamentó Courel.

En la segunda quincena de febrero, el Girsu anunció el lanzamiento del proceso licitatorio por el vencimiento de los contratos con Moviser SRL, el próximo 30 de abril, que tiene a su cargo la mayoría de las operaciones en las plantas de tratamiento: de transferencia de San Felipe, la provisión del servicio de transporte de RSU desde San Felipe a Overo Pozo, y la disposición final por el sistema de relleno sanitario en la planta de disposición final. Se presentaron dos ofertas. La primera fue la de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conformaron Esur y Ciageser (del holding que administra la empresa 9 de Julio), cuyo representante en actas fue Gastón Iturrieta. La UTE presentó un presupuesto mensual total de $1.135 millones y una póliza de seguro de $3.888 millones. En tanto, el precio final postulado por un período de 60 meses por el total de los servicios fue de $68.142 millones.

Por su parte, Moviser SRL, representado por Máximo Ignacio Jiménez Montilla, planteó una oferta mensual de $1.732 millones, con una póliza de seguro de $4.560 millones y un precio final por 60 meses de $103.968 millones.

Respaldo

También concejales oficialistas se sumaron a las opiniones de respaldo acerca de la licitación pública. Ernesto Nagle, jefe de bloque de Peronismo de la Capital, remarcó que “el proceso se está haciendo de acuerdo al reglamento que tiene el Consorcio, que a su vez fue acordado por todos los municipios integrantes”. “Hace 15 años que no se hacían estos procesos, siempre fue por adjudicación directa. No coincido con opiniones que tienen un punto de vista más político que técnico porque, además, en la apertura de sobres firmaron todos los municipios intervinientes y los dos oferentes. Si hubiera algo que no estuviera bien, no lo firmarían todos”, planteó.

Sobre la participación de la empresa 9 de Julio en el concurso de ofertas, uno de los cuestionamientos más comunes en el asunto, Nagle sostuvo: “se está generando un manto de confusión, porque es Moviser y una UTE, y dentro de la UTE, una parte integrante es la 9 de Julio. No es que tiene el 100% de la oferta. Y es normal que estas empresas se presenten, si son las actividades a las que se dedican”. “En el entredicho político está bueno aclarar que esto se está manejando de una manera correcta, formal y donde hay acuerdo de todas las partes”, añadió.

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Asimismo, Emiliano Vargas Aignasse señaló que “se trata de una licitación pública abierta y transparente, que cumple con todas las normativas establecidas”. “Nuestro compromiso desde cada municipio debe ser asegurar que cada paso del proceso se desarrolle con absoluta claridad y con la participación de todas las partes interesadas. El servicio que se está licitando no es un servicio más: es un pilar fundamental para la calidad de vida de nuestros vecinos, la salud pública y la protección del medio ambiente. Recordemos que venimos de una prórroga de contratación directa que vence el 30 de abril”, manifestó el oficialista.

Reproches

Los cuestionamientos a la licitación pública en el Girsu parten de la “rapidez” con la que avanza el proceso y de los requisitos impuestos en el pliego.

El representante de Las Talitas en el Consorcio, Carlos Najar, planteó que el llamado a licitación fue “un poco forzado”. “Quizás por la falta de experiencia se dejó pasar demasiado tiempo (hasta avanzar con la licitación), lo cual debió acelerar el proceso”, dijo. “Yo había propuesto darle a la empresa (que ahora tiene el servicio a su cargo) una adenda en cuanto al tiempo, pero finalmente está pasando lo que les había anticipado: han demorado mucho en los procesos y hoy están chocando con problemas técnicos, legales y de ejecución de los servicios”, añadió.

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Además, el legislador y ex intendente talitense se refirió a un planteo que podría discutirse sobre la oferta de la UTE. “La empresa que hizo la oferta de menor valor presupuestó el 50% menos del servicio que debe prestar. Primero, el precio incumpliría con la normativa y, segundo, lo haría quedar afuera de la compulsa. Ese es mi entendimiento”, aseveró.

En tanto, el legislador Walter Berarducci (Juntos por el Cambio) evitó hablar de los detalles del pliego y sus oferentes, pero opinó: “celebro la licitación en el Consorcio, que es un ente distinto de los municipios que lo integran, porque tenés a San Miguel de Tucumán, que es el socio mayoritario, que elude la licitación pública en el municipio pero lleva adelante en el Consorcio un proceso de licitación. Esa doble vara es llamativa”.

Carlos Ale, concejal del alfarismo, cuestionó la “rapidez” del proceso de licitación, que inició a fines de febrero y cuya apertura de sobres fue la semana pasada. “Y lo más llamativo aún es que la 9 de Julio se inscriba en esa licitación cuando sabemos que (en la Capital) no está cumpliendo con los vecinos y deja mucho que desear. Queda claro que la empresa 9 de Julio es la que administra la ciudad y no la Municipalidad”, apuntó. Vale recordar que, en diciembre, el Concejo aprobó, con el voto de los 18 ediles que integran el cuerpo, la extensión del contrato de recolección de residuos con la 9 de Julio por cinco años.