La diputada nacional, Paula Omodeo (CREO), presentó una denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en cuatro municipios tucumanos, gobernados por el oficialismo provincial. La presentación se basa en una investigación realizada por su espacio político, que detectó retiros en efectivo por más de $36.800 millones sin respaldo documental durante 2023.

La denuncia alcanza a las administraciones municipales de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, y advierte que los movimientos de dinero coincidieron con fechas claves del calendario electoral, como las elecciones provinciales del 11 de junio y las PASO nacionales.

Según la presentación, los municipios recibieron transferencias muy superiores a las establecidas por ley, y una parte significativa de esos fondos fue retirada en efectivo, sin justificación ni trazabilidad. En el caso de Banda del Río Salí, por ejemplo, los ingresos superaron en un 48% lo previsto por la coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior.

“Lo que vimos y denunciamos es algo que se repite hace años: se usa la plata de los tucumanos como si fuera un recurso del partido de gobierno. Hay plata que falta en escuelas, hospitales y servicios, y sin embargo aparece justo antes de cada elección en efectivo, sin control”, sostuvo Omodeo, según un comunicado.

La denuncia también hizo referencia al esquema de financiamiento vigente en la provincia, sustentado en el llamado “Pacto Fiscal”, que obliga a los municipios a ceder su coparticipación a cambio del pago de sueldos a través del gobierno provincial. Según CREO, esta modalidad permite un manejo discrecional de los recursos, condiciona la autonomía de los intendentes y beneficia electoralmente al oficialismo.

“Tucumán no puede crecer si seguimos naturalizando estas prácticas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se usa su plata. Lo dijimos en el Congreso, lo mostramos con datos y ahora lo presentamos en la Justicia”, concluyó la legisladora.

La causa ya fue presentada y será analizada por la Justicia Federal. Desde el entorno de la diputada esperan que se investigue el origen, el destino y la legalidad de los fondos manejados por los municipios involucrados.