Una denuncia por violencia de género presentada por una funcionaria de alto rango de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) generó conmoción en el ámbito académico. El caso, que ya se tramita en la Justicia provincial, involucra a altos funcionarios universitarios y expone profundas tensiones internas en la casa de estudios.

La directora general de Sumarios de la UNC denunció haber sido víctima de hostigamiento, discriminación y violencia de género por parte de cinco colegas varones, entre ellos un secretario, un subsecretario y tres empleados bajo su órbita. “Cinco varones me quieren aplastar la cabeza por mi condición de mujer y me lo han dejado claro”, expresó la funcionaria en su denuncia presentada hace un año ante la Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género.

Según consta en el expediente judicial, la denunciante habría sufrido persecución laboral, humillaciones, burlas, maltrato psicológico, desprestigio, intimidación, invisibilización y discriminación etaria. Los hechos habrían tenido lugar entre 2022 y 2023, en el marco de una disputa interna dentro del área que investiga inconductas dentro de la universidad.

A su vez, un grupo de empleadas de la misma dependencia presentó una denuncia administrativa contra la directora por presunto acoso laboral, lo que complejizó aún más el conflicto. La investigación administrativa, a cargo de nuevos abogados sumariantes, avanza hacia su etapa final, según confirmó la prosecretaria general, Paola Campitelli.

Acusaciones cruzadas y tensión institucional

La directora había intentado durante un año y medio que las autoridades universitarias intervinieran antes de acudir a la Justicia. En octubre de 2023, presentó un manifiesto (una especie de exposición administrativa) y en diciembre se reunió con el rector Jhon Boretto para detallar el conflicto. Esto derivó en la intervención de la Subsecretaría Legal y Técnica, consignó Infobae.

La creación de esa subsecretaría fue interpretada por la denunciante como un fortalecimiento institucional de los acusados y un "golpe a la democracia universitaria", al considerar que la Dirección de Sumarios es el único órgano competente para investigar irregularidades administrativas.

En abril de 2024, una resolución rectoral impuso restricciones a la directora y a los otros involucrados, dividiendo al personal en dos grupos para evitar contactos entre las partes en conflicto. La denunciante sostiene que estas medidas no hicieron más que agravar su situación: “La autoridad no te quiere en el cargo”, “Vas a ser sumariada” y “Te conviene que te vayas” son algunas de las frases que, según su testimonio, le fueron dirigidas en el contexto de un ambiente laboral hostil.

La situación habría comenzado cuando un empleado le preguntó cuándo se jubilaría, insinuando interés en su cargo. Desde entonces, según relató, comenzó a percibir burlas, descalificaciones y bloqueos a sus gestiones, incluso por parte de personas con llegada directa al rectorado. “Mientras vos estés, no hay diálogo con la autoridad”, le habría dicho uno de los señalados.

Otra denuncia interna por violencia

En paralelo, otra funcionaria -responsable de la Unidad de Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso, creada en 2019 dentro de la misma Dirección General de Sumarios- también denunció internamente haber sido víctima de acoso laboral. Según relató, todo comenzó después de que en 2022 acusara a un abogado de violencia de género durante una audiencia.

Desde entonces, afirma haber recibido comentarios despectivos como “tiene muchos problemas emocionales” o “tal vez le haga falta un novio”, además de expresiones de connotación sexual. También sostuvo que el abogado la amenazó con recusarla y que tenía influencia dentro de la universidad. En 2023, cuando salió a la luz una denuncia por acoso laboral contra el padre de ese abogado, la funcionaria formalizó su denuncia.

Una universidad bajo la lupa

Ambos casos se encuentran judicializados en los juzgados de Gestión Asociada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Córdoba. Mientras tanto, en el plano administrativo, se espera una pronta definición sobre las responsabilidades de los implicados.

Todo esto ocurre en el marco de la política institucional de la UNC que proclama un compromiso con la erradicación de la violencia y la discriminación por razones de género, orientación sexual, etnia o ideología. Sin embargo, las denuncias revelan profundas grietas en la aplicación de estas políticas dentro de la estructura universitaria.

El proceso, aún en curso, mantiene en vilo a la comunidad académica cordobesa y podría sentar un precedente significativo sobre la manera en que se abordan los conflictos por violencia de género en el ámbito universitario.