La discusión a nivel internacional sobre la necesidad de la Educación Ambiental (EA) surgió por primera vez en 1972 durante la Conferencia de la ONU en Estocolmo. En Argentina, el derecho a recibir E.A. toma rango constitucional (art. 41) en el año 1994. Hacen, también, su aparición en leyes y normativas provinciales y nacionales como la ley Federal de Educación y la ley Nacional de Educación con un planteo de transversalidad para todos los niveles, modalidades y espacios curriculares. Su implementación, sin embargo, se tradujo en ausencia de presupuesto, material didáctico y capacitación. Llegó a las aulas, de todos modos, a través de la docencia. La inserción en el currículum de la Educación Ambiental llega de la mano de una orientación, un enfoque y objetivos definidos. Apuntan a socializar las responsabilidades y generar en los estudiantes micro iniciativas individuales para solucionar la crisis ambiental. El marco teórico de implementación, junto a términos como ejercicio de la ciudadanía, valores y solidaridad, moral y ética, se sirven del planteo en el cual la humanidad de conjunto sería causante de los problemas ambientales. Se apunta a “concientizar y sensibilizar” o pregonar el “desarrollo sustentable” mientras se equipara la acción de un individuo con depredadores de la naturaleza de Chevron o la Barrick Gold responsables de los estragos que causan la mega minería, el desmonte, el monocultivo sojero, etc. La destrucción del planeta, desde 1994 a la fecha, se ha agravado, percutiendo el ambiente y las condiciones de vida de la población del mundo. La EA actual, lejos de “romantizar”, desdibujar las responsabilidades o mostrar solo las consecuencias, deberá reestructurar su actual enfoque ante el agravamiento, sin precedentes, de la crisis ambiental. Su tarea es defender a nuestro planeta ante las nuevas circunstancias históricas. ¿Razones? Somos educación.
Pedro Pablo Verasaluse
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