La Caja Popular de Ahorros atraviesa una investigación por presuntas irregularidades que habrían generado un perjuicio económico de $5.654 millones durante la pandemia. El interventor de la entidad, José Díaz, explicó a LA GACETA los detalles de la situación y las medidas adoptadas por la institución.
“Esta situación tuvo origen, como bien sabemos, superada la pandemia, en una serie de reclamos dentro de la Caja Popular para el pago de prestaciones de salud y económicas, de acuerdo al régimen establecido por la ley de riesgo de trabajo”, señaló. La RT de la entidad, responsable de la mayoría de los organismos estatales de Tucumán, fue el sector en el que se detectaron anomalías.
El interventor aclaró que, ante los vicios encontrados, se detectaron presuntos hechos ilícitos que “están siendo investigados por la Fiscalía Especializada de Usurpaciones, Estafa y Cibercriminalidad”. Según Díaz, la mecánica consistía en que, tras el deceso de trabajadores, se realizaban reclamos utilizando documentos apócrifos o viciados, como historias clínicas parcializadas, y se alegaba que los fallecidos aún prestaban servicios, lo que generaba la obligación de pagar los siniestros.
“Los sectores de contralor de la Caja Popular comenzaron a detectar estas anomalías, se hicieron las investigaciones administrativas pertinentes y, como funcionarios públicos, estamos obligados a poner en conocimiento a la justicia penal. También buscamos recuperar los fondos indebidamente extraídos de la institución”, explicó en LG Play.
Hasta el momento, hay al menos cinco personas imputadas, incluyendo un estudio jurídico y una funcionaria que ejercía como letrada en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Según Díaz, “la maniobra consistía en que este estudio recolectaba, iba hacia los deudos de las personas fallecidas a consecuencia de la Covid y presentaba documentos ante distintos organismos del Estado, provincial, municipal o comunal”.
Sobre el monto involucrado, Díaz indicó que podría ser aún mayor. “No puedo decir eso en este momento, pero sin duda es una de las posibilidades. El cálculo se hace tomando en cuenta el sistema de interés que establece la normativa de riesgo del trabajo”.
El interventor, por último, destacó que la investigación no es reciente. “Este proceso se tuvo su inicio por parte de la Caja Popular en el año 2022. Nuestra función no es dar publicidad a estas situaciones, sino cuidar el patrimonio de la institución, que forma parte de toda la provincia”.