Las comisiones especiales del Concejo Deliberante abarcan temas prioritarios para la administración municipal. Cada comité maneja una agenda propia y tienen plazos preestablecidos. Las mejoras que preparan para San Miguel de Tucumán se refieren a una modernización del Código de Planeamiento Urbano, la elaboración de un Código Ambiental, la compactación del marco normativo en un Digesto Jurídico y el seguimiento de la emergencia sanitaria por los próximos cuatro años.

En primer lugar, la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) está pensada para que acompañe el crecimiento de la ciudad en los próximos 20 años. La comisión especial que  encabeza Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) prevé tener lista la normativa para el primer semestre de 2026. La comisión se conformó por decreto el 12 de agosto del año pasado, y está conformada por tres miembros de la primera minoría (PJ) y uno por cada uno de los restantes bloques políticos. Además, participan funcionarios del Ejecutivo municipal.

La última modificación del Código urbanístico se hizo en 1998, pero no es la primera vez que se intenta actualizarlo. En 2022, las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento habían comenzado a trabajar con el entonces secretario de Obras Públicas municipal, Alfredo Toscano, pero la reforma no avanzó.

Con respecto al marco normativo de la Capital, es la primera vez que se avanza en la elaboración de un Digesto Jurídico. En mayo del año pasado se oficializó el plan para el trabajo legislativo que supone el ordenamiento y control de todas las ordenanzas dictadas desde 1883 hasta la actualidad. El plan estimativo prevé que pueda estar listo para fin de año, aunque podría haber dilataciones.

En el marco de la emergencia ambiental que rige en el municipio desde en de 2024, se configuran dos trabajos. Por un lado, una comisión especial (presidida por radical Leandro Argañaraz) sigue los avances en materia ambiental del Ejecutivo municipal, y por el otro, la comisión de Ambiente encabezada por Gonzalo Carrillo Leito (Peronismo de la Capital) planea actualizar el sistema de faltas ambientales para ejercer un mayor control en las cuestiones que atañen a la contaminación ambiental.

“El objeto es establecer un marco normativo integral, sistemático y eficaz para la protección del ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable y asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la preservación de recursos naturales”, defienden.

La “higiene normativa” de las ordenanzas de la Capital

La comisión especial para la elaboración del Digesto Jurídico Municipal continúa completando etapas. Con la fecha límite estimativa cerca, el grupo que dirige el radical Gustavo Cobos se prepara para depurar unas 7.000 ordenanzas que se sancionaron desde 1887 a la fecha, y consolidar las vigentes en un único orden normativo disponible para la ciudadanía.

Se dice que las normas que se crearon en San Miguel de Tucumán son alrededor de 9.000: unas 3.700 desde 1833 hasta 1983 y otras 5.400 desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. En el medio, los concejales abocados a la tarea se encontraron con imprecisiones normativas, debido a la interrupción de gobiernos de facto; con normas anacrónicas para los tiempos de hoy o que cumplieron su función; y con ordenanzas históricas que pasarán a ser un aporte al archivo cultural de la ciudad.

La ordenanza N° 5.078 que dispuso la creación de la comisión de Digesto establece que su elaboración debe completarse a fines de este año, y que una vez aprobado ese texto legal, será publicado anualmente por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de manera actualizada. Además, se creará un sitio web oficial de acceso para la ciudadanía.

Sobre los avances, el líder de la comisión explicó que el trabajo está dividido en grupos y que cada uno se maneja con tiempos independientes. El concejal Alfredo Terán (FR) dirige y examina las ordenanzas de hacienda, presupuesto, economía y turismo; Ana González (PJS) se aboca a los temas de salud, educación, medio ambiente y discapacidad; Federico Romano Norri (UCR) se encarga de planeamiento y obras públicas; y Cobos trabaja en las ordenanzas históricas, de peticiones y acuerdos y legislación general. Cada concejal sumó a pasantes de la Facultad de Derecho y organiza la labor junto a asesores jurídicos del Concejo.

En el caso del equipo de Cobos, ya se completó la fase de “higiene legislativa” de las ordenanzas del período 76-83. Una vez que se comiencen a sistematizar las ordenanzas, será clave la participación del Ejecutivo municipal para que ayude a acelerar procesos con información que maneja la administración capitalina.

Revisión, exposición y análisis de la emergencia ambiental

La emergencia sanitaria y ambiental de la Capital es controlada por la comisión de “Erradicación de basurales a cielo abierto, limpieza de canales y mantenimiento de espacios verdes” del Concejo Deliberante. Es la comisión especial que mantiene un ritmo más estructurado en cuanto a fechas, ya que sus reuniones se fijan según el envío del informe trimestral de la Municipalidad.

Al comité de estudio lo preside el radical Leandro Argañaraz. En comunicación con LA GACETA, el edil explicó cómo se trabaja puertas adentro del edificio de Monteagudo y San Martín. Una vez que ingresa por mesa de entrada el escrito que detalla los avances en materia ambiental en San Miguel de Tucumán, el documento se gira a la comisión especial y es enviada a los concejales que la integran (presidentes de bloque y de las comisiones de Salud y Ambiente).

Entonces, cada edil tiene la responsabilidad de revisarlo de manera individual para que, cuando se fije una reunión de comisión, sinteticen criterios y fijen una fecha para convocar a Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que explique el informe y responda preguntas.
Luego, los concejales vuelven a reunirse en una o hasta tres citas posteriores para definir los ejes de observación que serán devueltos al Ejecutivo municipal para que sean implementados en el próximo reporte ambiental.
El tenor de la problemática provoca que -en ocasiones- haya algunos cruces o ideas contrapuestas. Como las rispideces que en año y medio de emergencia se produjeron entre Migliavacca y Argañaraz; las exigencias de Ana González (PJS) al Ejecutivo municipal por la compactación de vehículos en desuso; o el pedido de Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) hacia Argañaraz para que deje la presidencia de la comisión.

Actualmente, los concejales se encuentran analizando el quinto informe municipal del trimestre mayo-julio, que fue remitido al Concejo el 1 de septiembre. En el escrito de 71 páginas se habla de Inteligencia Artificial (IA), cámaras de seguridad, puntos verdes y otras herramientas que buscan combatir el problema de la contaminación en San Miguel de Tucumán.

Se alista un nuevo código urbanístico para 2026

La reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) en San Miguel de Tucumán está en marcha. La comisión especial que preside Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) avanza en las reuniones preliminares con miembros del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), mientras se aguarda el lanzamiento oficial del equipo de trabajo. Se espera que para el primer semestre del año próximo la Capital cuente con un renovado marco normativo de las cuestiones urbanísticas.

El propósito es adelantarse a las necesidades de una ciudad en crecimiento. Condiciones de edificación renovadas, delimitación de zonas comerciales y descentralización de la administración pública son algunos de los ejes con los que la comisión especial llevará adelante el trabajo reglamentario. La última modificación del CPU se hizo hace 30 años, y la idea es dejarlo actualizado para los futuros 20.

Los miembros y el plan de trabajo ya han sido establecidos. La Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del Código de Planeamiento Urbano (nombre oficial) tiene como participantes a los peronistas Facundo y Emiliano Vargas Aignasse y Gonzalo Carrillo Leito; a los radicales Gustavo Cobos, Federico Romano Norri y Leandro Argañaraz; a Carlos Ale (PJS); a Ramiro Ortega (FR); a Carlos Arnedo (Acción Vecinal); y a Gastón Gómez (Libres del Sur). De parte del Ejecutivo municipal, por nota la Municipalidad solicitó que se integre a Luis Lobo Chaklian, secretario de Obras Públicas, y a Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan. Podría suceder que, de modo que Rearte ya no encabeza la Dirección de Catastro, su lugar sea ocupado por la actual líder de la oficina, Nora Belloni.

En tanto, se establecieron tres etapas de trabajo. La primera se refiere al diagnóstico participativo, en donde se analizará el estado actual del CPU con limitaciones, deficiencias y capacidad de cumplimiento. Se harán ciclos de audiencias públicas para contar con la opinión de profesionales de distintas áreas. El segundo paso consistirá en recoger y sistematizar propuestas de reformas normativas desde distintos sectores sociales y técnicos; mientras que la tercera y última fase tendrá como objetivo la redacción del anteproyecto, que será revisado por asesores jurídicos y de los colegios profesionales, y su posterior dictamen final para que se lo debata en el recinto.

La comisión de Ambiente prepara nuevas sanciones

En línea con el objetivo de la Municipalidad capitalina de atender la problemática que involucra al medio ambiente, el Concejo Deliberante apuesta a una nueva legislación que acompañe y controle las faltas en un nuevo Código Ambiental Municipal. El trabajo es llevado adelante por la comisión de Ambiente del cuerpo, que preside Gonzalo Carrillo Leito, y se cuenta con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo.

En este caso, no se conformó un comité especial para su desarrollo, sino que se determinó que la comisión de Ambiente actuaría dentro de lo que se le es permitido por reglamento. Así, integran el equipo de trabajo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos.
Además, participa activamente el fiscal ambiental, Roberto Chustek, que desde su lugar estudia los requerimientos de la Capital en materia de normativa ambiental. También se toman en cuenta aportes del Consejo Económico y Social (CES) de la Municipalidad capitalina, y otro colaborador en la tarea es Gustavo Gómez, ex fiscal federal, que aporta ideas al establecimiento de un nuevo procedimiento acusatorio para que la Fiscalía realice el trabajo previo de las infracciones que luego son presentadas ante el Tribunal de Faltas y así agilizar los procesos.

Mientras tanto, los ediles analizan la cuestión sancionatoria. Y es que al día de hoy existen cientos de normas referidas al control ambiental que, además de que no están nucleadas en un único Código, están desactualizadas para los tiempos y necesidades actuales. Es por eso que se intenta trabajar en una base normativa sanitaria que establezca un sistema de responsabilidades ciudadanas y empresariales, que además establezca multas razonables para los infractores.

Según se determina en la fundamentación del proyecto de Código Ambiental, esta tarea permitiría unificar la normativa ambiental vigente, asegurando su aplicabilidad; definir principios rectores como prevención, precaución y desarrollo sustentable; establecer procedimientos claros para la fiscalización, sanción y recomposición de daños ambientales; crear mecanismos de participación ciudadana, garantizando el acceso a la información; y otorgar seguridad jurídica a ciudadanos y empresas en relación con sus derechos y obligaciones.