La jueza federal María Romilda Servini resolvió este lunes el procesamiento del cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de haber disparado contra el fotógrafoPablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso el pasado 12 de marzo. El agente, que efectuó seis disparos con una pistola lanzagases violando los protocolos de seguridad, fue procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.

Aunque no tendrá prisión preventiva, Guerrero deberá presentarse periódicamente ante la Policía y enfrenta un embargo de 203 millones de pesos, además de la prohibición de salir del país.

Según la investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, Guerrero disparó desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, apuntando de manera horizontal —una forma expresamente prohibida por el reglamento— hacia el grupo de manifestantes. Uno de los cartuchos de gas lacrimógeno calibre 38 mm impactó directamente en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías a unos 50 metros del cordón policial.

En su fallo, Servini señaló que el fotógrafo “no estaba armado, no atacó a las fuerzas de seguridad ni representaba una amenaza”, por lo que no existía justificación alguna para el uso del arma. La jueza también consideró que el gendarme actuó con dolo eventual, al mostrarse indiferente ante la posibilidad de causar daño grave.

“No existe condición ni circunstancia alguna que justifique apartarse de los manuales y protocolos cuando se manipulan elementos tan peligrosos”, subrayó la magistrada.

El impacto provocó heridas gravísimas y secuelas neurológicas en Grillo, quien fue internado en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció varios meses. Si bien fue dado de alta en junio, su evolución fue lenta y tuvo que ser reinternado en terapia intensiva. En agosto, su familia informó que el fotógrafo “no estaba teniendo la evolución esperada” y debía someterse a una nueva cirugía para “cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión”.


El caso, que generó una fuerte repercusión en medios y organizaciones de derechos humanos, se convirtió en un emblema del debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales.