El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero atrasó su aplicación. El Poder Ejecutivo aplicó las normativas a través del Boletín Oficial; horas antes, médicos y universidades habían marchado.
El Poder Ejecutivo había vetado inicialmente ambas leyes, pero el Congreso revirtió los vetos. A pesar de la promulgación, el gobierno postergó la aplicación de las leyes hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, al invocar el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige que toda ley que autorice gastos prevea expresamente su financiamiento.
El financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) busca asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil, incrementar la inversión en becas, mejorar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, e impulsar la incorporación de tecnología digital en las universidades.
“El Poder Ejecutivo deberá definir las partidas presupuestarias destinadas al programa ‘Desarrollo de la Educación Superior’, con el fin de afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado, así como garantizar su formación continua. Las mismas deberán garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal”.
Además expresó: “Se dispone la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas. También se prevé la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades, junto con el impulso de las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria”.
Se prevé la ampliación de la oferta de carreras universitarias, el desarrollo de la extensión universitaria y el fortalecimiento de la investigación. La Auditoría General de la Nación supervisará administrativamente a las universidades y remitirá informes al Congreso.
La emergencia pediátrica
La Ley de Emergencia Pediátrica (Ley 27.796) declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. Prioriza la asignación de recursos a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial. Además establece la recomposición salarial del personal de salud y la exención del impuesto a las ganancias para el personal que realice actividades críticas. El Hospital Garrahan fue declarado hospital de referencia nacional.
Organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial Docente, Fedun y Fatun convocaron a paros y protestas para exigir la aplicación de las leyes. Algunos legisladores y rectores consideran llevar el caso a la justicia.