LIMA, Perú.- Los militares salieron a las calles de Lima tras la declaratoria de estado de emergencia por la ola de criminalidad, en medio del escepticismo de la población frente a estas medidas.
La medida que declaró el gobierno interino del derechista José Jerí le permite restringir las reuniones, prohibe que dos personas se trasladen en una misma moto (modalidad que usa el sicariato) y contempla la militarización de las calles limeñas.
El decreto regirá en principio por 30 días en Lima y el vecino puerto del Callao. “Ya lo hemos tenido antes (...) y el estado de emergencia no ha ayudado en nada”, dijo Katrina, una abogada de 46 años, sobre la declaratoria que cobija a cerca a 10 millones de personas. “Necesitamos otras medidas”, agregó cuando caminaba en una calle de Miraflores, el distrito turístico de Lima.
Los peruanos enfrentan una severa crisis de inseguridad. El descontento de la población se expresó en las protestas del 15 de octubre, que dejaron un muerto y un centenar de heridos.
“En cada momento nos sentimos amenazados. No sabemos si vamos a volver a casa”, dijo la ama de casa Lidia Osorio, de 50 años. Asegura que no se siente segura con la policía ni los militares por la “corrupción”.
La Generación Z vuelve a cumplir un rol protagónico en protestas en Perú y MarruecosLas movilizaciones han sido lideradas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al Congreso y al gobierno de derecha recién instalado de Jerí, que reemplazó a la destituida Dina Boluarte.
La mandataria fue removida tras un juicio político exprés el 10 de octubre, por la crisis de inseguridad. La capital peruana ya estuvo bajo estado de emergencia entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia, pero no se logró revertir la curva de inseguridad.
Algunos limeños anhelan la mano dura de gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, pese a que organizaciones humanitarias lo cuestionan por su deriva autoritaria y abusos a los derechos humanos. Para el estudiante Daniel Ayala, de 21 años, en cambio, la llegada de Bukele a la presidencia fue un “golazo” para el país centroamericano, a diferencia de lo que ocurre en Perú, donde las denuncias de extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
“A la ofensiva”
Con el objetivo declarado de frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado, permite al gobierno militarizar calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros dura 30 días en Lima metropolitana y el Callao, dijo el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden.
Perú reacciona contra el nuevo gobierno con grandes protestas“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”, dijo Jerí en su mensaje. “Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, agregó.
La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, señaló rodeado de su gabinete.
Crisis política
Perú acumula siete presidentes desde que, en 2016, estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
Al menos 47 conductores murieron manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con el principal gremio del sector, que agrupa a 460 empresas en Lima y el puerto de Callao. Entre enero y septiembre, en el país se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8% más en comparación al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 16.075, según la policía. Perú registró 17.519 denuncias en todo el año 2024.