Tras los días de paro y de fuertes tensiones en el servicio de transporte público de pasajeros, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los empresarios de Aetat han encarado una etapa de tareas para regularizar el servicio, tras la firma del acta acuerdo del viernes a la noche.

Se trata de una instancia de alivio para la comunidad, que soportó jueves y viernes lo peor de la protesta, que es el quite de servicios, cuyos efectos sobre la comunidad no se han medido pero son sumamente perjudiciales, puesto que afectan prácticamente todas las actividades que dependen del traslado. El quite de servicios, hay que decirlo, es una instancia a la que no se debe llegar de ningún modo, si bien se entiende que, lamentablemente, ha sido la presión del paro la que ha llevado a que las distintas partes del conflicto se avengan a negociar, tanto aportando ideas superadoras como cediendo pretensiones. Pero el costo ha sido durísimo.

La Municipalidad se ha comprometido a aportar una enorme parte de subsidios -$1.000 millones por mes- y a levantar las sanciones establecidas por la falta de servicio en la protesta; los empresarios dejaron sin efecto las suspensiones y van a cumplir frecuencias y horarios; y entre todos han acordado que se va a estudiar la incidencia que tienen las app ilegales -en especial Ubermoto- en el deterioro del sistema de transporte público, que ha perdido un 30% del pasaje en el último año y que ha visto el cambio cultural que parece estar desarrollándose en el sistema. Esto, en vista de la desregulación de hecho que se ha producido, que se vincula con la inacción de autoridades frente a esta situación que las ha desbordado. Este debate es importante y definitorio, y en él tendrían que intervenir, como ha solicitado la misma Municipalidad, otras jurisdicciones y la misma Provincia. Las app ilegales operan de modo interjurisdiccional y solamente en los lugares rentables, lo cual abre una importante discusión sobre có o debe organizarse la prestación del transporte en todo el territorio.

Paralelamente, se ha de negociar sobre aumento del pasaje en función de que aumentan los costos, pero esta alternativa se debe tomar con pinzas en función de que los mismos empresarios reconocen que la suba del valor del viaje a veces es contraproducente. También está la propuesta empresarial de cambiar el sistema de pago por pasajero por otro por kilómetro recorrido, como se usa en Salta, pero esta alternativa por ahora no parece factible. Finalmente, se debe discutir el tema de las concesiones, que están caducas y se encuentran en una explotación precaria.

El servicio de transporte público se encuentra en crisis desde hace muchos años. En el interior provincial es muy precario o inexistente; sin embargo no se registran mayormente protestas o paros con las líneas interurbanas o rurales, que se ven obligadas a competir con servicios de autos rurales y de taxis y transportes truchos. El gran problema se da en la Capital y algunas áreas del Gran Tucumán, a pesar de los enormes aportes que está haciendo sobre todo la Provincia y ahora la Capital para sostenerlo con subsidios.

Convendría que ya se prevea una mesa permanente de debate sobre la prestación del transporte público. ¿Hacia dónde va el sistema? ¿Cómo queremos que se  brinde? ¿Mixto, privado-público, como es en la actualidad? ¿En qué condiciones? ¿Estatal, como se da en algunas jurisdicciones? ¿Totalmente privado, como parecen ser las app? ¿Quién se ocupará de las zonas del territorio a las que no van las app? Todas estas preguntas, y otras más, deberían estar contempladas en una amplia discusión para el transporte de hoy y del futuro.