El Tribunal de Cuentas (TC) decidió dar por cerrada una investigación por la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a la Caja Popular de Ahorros (CPA) y resolvió iniciar un juicio de responsabilidad administrativa contra funcionarios y particulares, tras detectar irregularidades con la donación de mercadería durante 2023. La determinación del presunto perjuicio patrimonial fue calculado en casi $27 millones, según una valuación actualizada al 31 de enero de 2025.

Con las firmas de Miguel Chaiben Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el órgano de control emitió el lunes 10 de noviembre el Acuerdo Nº 5.140. En ese documento se dejó asentado que se da por concluida una comprobación sumaria iniciada en octubre de 2024 (Acuerdo Nº 4644/2024). Dicha investigación se inició por la detección de 12 órdenes de autorización (ODA) de retiro de subsidios en especie (mercadería, cuchetas, chapas, mesas y sillas) emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Se consignó que no hallaron “respaldo normativo ni programa específico” que justificara su otorgamiento a la CPA.

Las autoridades del TC acordaron iniciar un juicio de responsabilidad contra la ex ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga (en el cargo hasta el 28 de octubre de 2023); el interventor de la CPA, José Díaz; y el ex subinterventor y actual legislador, Hugo Ledesma. También se incluyó a personal de la CPA que fue autorizado a hacer los retiros, según se consignó en la documentación: Jorge Alberto Garay, Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer, Julio Bernardo Naser y Flavio Gerardo Corres.

En el Acuerdo Nº 5.140 se consignó que se solicitó al actual titular del MDS que remita la documentación sobre las órdenes de autorización:

N° 420.477 (06/10/2023)

N° 420.472 (06/10/2023)

N° 415.859 (02/08/2023)

N° 411.575 (23/05/2023)

N° 411.378 (22/05/2023)

N° 411.363 (22/05/2023)

N° 407.110 (11/04/2023)

N° 407.104 (11/04/2023)

N° 403.528 (03/03/2023).

Además, se le solicitó que detalle la oficina requeriente de la mercadería; la oficina que emitió la orden de autorización y los datos personales del funcionario que autorizó; y la solicitud de mercadería de parte de los beneficiarios.

Sin convenio

En la contestación, según se consignó, la Subdirección de Almacenes del MDS informó que las órdenes de entregas citadas “corresponden en su totalidad a productos entregados por la empresa Hacha de Piedra con autorizaciones emitidas desde la oficina de la ex ministra Lorena Málaga”. Se citó también que dichos productos estaban categorizados como “ayudas sociales a personas”, y que en los expedientes remitidos se verificó que no hay convenio ni autorización entre el MDS y la CPA.

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A su vez, el TC mencionó que dispuso oficiar al interventor de la CPA, a fin que remita la instrumental referida a las órdenes de autorización emitidas por el MDS, en las que figura como beneficiaria, identificadas con los números: 408.378, 408.374, 408.381, 403.528, 407.110, 407.104, 411.378, 411.363, 411.575, 420.477, 415.859 y 420.472. Se consignó que el requerimiento fue diligenciado mediante el Oficio N° 7.106/2024 (del 4 de noviembre de 2024) y que a la fecha la CPA no brindó respuestas.

En numerosos párrafos, se consignó que se citó a comparecer a los diferentes funcionarios y personal contra el cual se impulsa el juicio de responsabilidad, entre otros. Algunos respondieron al requerimiento, pero otros como Ledesma y Málaga no prestaron declaración informativa en el marco de la investigación. La ex ministra, incluso, expresó su disconformidad respecto a la instrucción.

Sin notas de pedido

Al realizar un análisis de las ODA, se citó que las 12 fueron emitidas por Málaga, en su carácter de ministra de Desarrollo Social. “Autorizaban el retiro de la mercadería a diversos funcionarios y empleados vinculados con la Caja Popular de Ahorros, quienes efectivamente retiraron los productos de los depósitos del Ministerio o de proveedores privados, conforme surge de los respectivos remitos de entrega”, se mencionó en el Acuerdo. Además se consignó que fueron categorizadas administrativamente como “ayudas varias” y “otro”, sin que se detallara el grupo poblacional destinatario ni la fundamentación específica de su otorgamiento. Se precisó que esto “genera un déficit en la identificación y seguimiento del destino final de la mercadería”.

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Se mencionó también que una integrante de la oficina privada de Málaga, en su declaración informativa, manifestó que la emisión de las ODA se realizaba a partir de una nota de pedido suscrita por el solicitante y autorizada por la ministra. Sin embargo, en TC dijo que no se verificó en el expediente la existencia de las notas de pedidos, lo que impide verificar los motivos de la solicitud y si los bienes entregados fueron destinados efectivamente a personas en situación de vulnerabilidad social.

“Mecanismo irregular”

El tribunal insistió con que “no se acreditó la existencia de convenio, resolución ministerial o programa específico” que habilitara a la CPA a recibir bienes como intermediaria o beneficiaria directa de los subsidios, lo cual va en contramano del Decreto N° 2348/4(MDS)-2010 que establece que las ayudas pueden otorgarse a personas en situación de vulnerabilidad social, entidades privadas o entes públicos no estatales.

“En virtud de los hallazgos mencionados y de la normativa aplicable, se concluye que el procedimiento llevado a cabo en la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular de Ahorros ART constituye un mecanismo irregular, en tanto no se ajustó a las disposiciones del Decreto N° 2348/4 (MDS)”, concluyó el TC antes de promover la apertura del juicio.

A su vez, el órgano de control puso en conocimiento de la determinación al Ministerio Público Fiscal, “ante la presunción de encontrarnos ante los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”; a la Corte Suprema de Justicia; al Poder Ejecutivo; y al Poder Legislativo, dado que Ledesma reviste actualmente carácter de legislador provincial.

Autoridades bajo la lupa: sin respuesta de parte de los funcionarios

El Tribunal de Cuenta incluyó en la apertura del juicio de responsabilidad a la ex ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; al interventor de la CPA, José Díaz; y al ex subinterventor y actual legislador, Hugo Ledesma. LA GACETA intentó comunicarse ayer mediante llamadas telefónicas y servicio de mensajería, para tener sus versiones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas de parte de las autoridades. El monto total de mercadería entregada es de $26,7 millones (total actualizado a enero de 2025).