El Gobierno de España aprobó este martes el anteproyecto de ley que reduce la ratio de alumnos por aula en la enseñanza no universitaria y disminuye la carga lectiva del profesorado. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, busca mejorar la calidad del sistema educativo y “devolver al lugar que merecen a los maestros y profesores”, según explicó la ministra Pilar Alegría.
Con la nueva norma, las clases de Primaria tendrán un máximo de 22 alumnos (actualmente son 25) y las de Secundaria no podrán superar los 25 estudiantes (frente a los 30 actuales).
Reducción progresiva de la jornada lectiva
Además de disminuir el número de alumnos, el texto reduce la carga lectiva de los docentes:
23 horas semanales en Primaria.
18 horas en Secundaria, Bachillerato y el resto de enseñanzas.
La aplicación será progresiva a partir del curso 2026-2027 y estará plenamente vigente en el curso 2031-2032.
Refuerzo de la educación inclusiva
Otro de los puntos clave del anteproyecto es el refuerzo de la educación inclusiva. Los alumnos con necesidades educativas especiales contarán como dos plazas en el cómputo de ratios, con el objetivo de compensar la dedicación extra que requieren.
Asimismo, las administraciones educativas deberán garantizar una distribución equilibrada de estos estudiantes entre los centros para asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades.
Comienza el diálogo con las Comunidades Autónomas
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Gobierno iniciará una ronda de diálogo con las Comunidades Autónomas y los sindicatos para definir los mecanismos de aplicación.
La ministra Pilar Alegría celebró que el Ejecutivo da “un paso importante” hacia una educación de mayor calidad y afirmó que confía en obtener “un apoyo generalizado”. El objetivo es tener el texto listo en enero para enviarlo al Congreso de los Diputados.
“Se recoge la labor de los docentes al tiempo que mejora la atención educativa. Si queremos cuidar a quienes nos enseñan, debemos estar a su lado”, subrayó Alegría.
A pesar de las tensiones políticas y la ruptura del acuerdo con Junts, la ministra aseguró que el Gobierno trabajará para sacar adelante la ley.