El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, brindó ayer una extensa conferencia de prensa en la que negó las acusaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas (TC) y cuestionó las actuaciones del organismo de control. Aseguró que las causas que se abrieron en su contra responden a un conflicto originado por un sumario en el que quedó involucrado un familiar del titular del ente de contralor, Miguel Chaiben Terraf, y afirmó que desde entonces la institución “ha sufrido embates arbitrarios y abusivos”.

En un salón del tercer piso de la Caja Popular, Díaz encabezó el descargo de la entidad ante las acusaciones que el TC vertió en dos acuerdos (N° 5.140/2025 y N° 5.183/2025) en la última semana: el primero abre un juicio de responsabilidades por supuesta entrega irregular de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a la entidad financiera (entre 2022 y 2023), y en el segundo amplía una denuncia penal contra la CPA por una presunta deuda con el Siprosa (entre 2020 y 2023).

Acompañado por el subinterventor, Darío Amatti; el gerente general, Pablo Díaz Sanche; y el secretario administrativo, Juan José Correa Uriburu; Díaz se expresó en duros términos contra Chaiben Terraf, aunque sin mencionarlo. Dijo que desde aquel sumario contra un familiar suyo se iniciaron más de 70 sumarios contra la CPA, bajo “aparentes actos administrativos legítimos” dentro de la Ley de Administración Financiera (N° 6.970).

“Comenzó una batalla (...). Hemos paralizado el organismo de contralor de la Provincia de Tucumán para controlar a la Caja Popular de Ahorros”, reprochó Díaz. En ese sentido, remarcó que la entidad fue certificada con las Normas ISO 4, tiene cuatro sistemas de control, auditorías externas y se sustenta con sus propios recursos, entre otros métodos de control.

Acusaciones

El Acuerdo N° 5.183 surgió en el marco de un juicio de responsabilidad que se inició en junio de 2024 (Acuerdo N° 2.492) por una deuda de los aportes del sector juegos al Sistema Provincial de Salud que, según el TC, rondaría los $3.381 millones. Díaz rechazó la cifra dado que dijo que estaba mal calculada y mencionó que dichos aportes son anuales, no mensuales. Advirtió también que el caudal de las apuestas es oscilante y que el cálculo se hizo de la recaudación bruta, sin restar gastos como pagos de premios, servicios, comisiones, etcétera.

Díaz consideró que la supuesta deuda estaría saldada con los $588,2 millones que la CPA envió al Siprosa el 12 de noviembre de 2024, y con los $320,5 millones que giró el 27 de mayo de 2025. Además, remarcó el año pasado que iniciaron acciones de carácter penal y administrativas para defenderse de las acusaciones.

En cuanto a la entrega de mercadería del MDS a la CPA por unos $27 millones, el interventor sostuvo que se trató de acciones de carácter social y rechazó las imputaciones por malversación o incumplimiento de deberes de funcionario público, como se volcó en el Acuerdo N° 5.140. Consignó que una de las acusaciones es que no existía convenio ni autorización para el retiro. “Se trata de organismos del Estado, no se necesita convenio”, dijo. Indicó que la Carta Orgánica de la CPA (Ley N° 5.115 y sus modificatorias) faculta a la entidad a hacer actividades de naturaleza social. A su vez, aseguró que la entrega se hizo a pedido del MDS, y que esta cartera no realiza “ningún tipo de convenio” con quienes intervienen para obtener mercaderías.

Díaz reprochó que cuando el TC da por terminada una comprobación sumaria remite el sumario a la fiscalía imputando un delito. “Quien me va a juzgar ya emitió opinión diciendo que somos culpables. No existe el derecho de defensa”, reprochó. Además, criticó la actuación del asesor letrado del Tribunal, Ramiro González Navarro, por haber intervenido en dictámenes sobre el caso cuando “fue funcionario de Desarrollo Social y conocía los procedimientos internos de esas entregas; tenía intereses creados. Sumó a esa irregularidad haber participado excediendo sus funciones”, manifestó.

A modo se síntesis, Díaz concluyó: “hemos cumplido la ley, la seguiremos cumpliendo. No tenemos nada que esconder. Pero tampoco vamos a tolerar que nos imputen la comisión de un delito cuando no hay delito y tampoco vamos a tolerar abusos, porque esto torna en ser un abuso de autoridad dentro de la utilización de las herramientas que la Constitución les ha otorgado”.