Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por el mendocino Lisandro Nieri, presentaron un Proyecto de Ley clave que busca establecer un marco legal para la eutanasia en Argentina. El objetivo central es garantizar que las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos limitantes puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida en condiciones de dignidad, autonomía y respeto.
La iniciativa se apoya en principios ya establecidos por la Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la Ley de Muerte Digna (26.742), que reconocen la autonomía, el consentimiento informado y el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen el sufrimiento.
Garantías para pacientes y control médico
El proyecto incorpora una serie de garantías estrictas para asegurar que la decisión sea tomada con plena consciencia. Entre los requisitos se incluyen:
Evaluación por comisiones médicas en cada jurisdicción.
Consentimiento informado del paciente.
Posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento.
Supervisión de todas las etapas del proceso por organismos de control.
La propuesta también se enfoca en brindar seguridad jurídica a los profesionales de la salud que intervengan en la práctica.
Modificación del Código Penal: seguridad jurídica para los médicos
Uno de los aspectos más sensibles es la reforma al Código Penal, mediante la incorporación de los artículos 83 bis y 83 ter. Estos excluyen de responsabilidad penal a médicos y equipos sanitarios que actúen conforme a los procedimientos regulados por la ley.
Al mismo tiempo, contempla sanciones para quienes obstaculicen de manera injustificada el acceso a la práctica.
“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad”, sostuvo Nieri.
Agregó que la regulación pretende brindar “certeza a los profesionales y a las familias, con procedimientos claros, transparentes y supervisados”.
Inspiración internacional: Canadá, España y Uruguay como referencia
El proyecto retoma el enfoque sanitario impulsado por la ex diputada Jimena Latorre y se inspira en experiencias internacionales de países como Canadá, España y Uruguay, donde la muerte médicamente asistida se encuentra regulada bajo marcos éticos rigurosos.
Desde la UCR subrayaron que regular la eutanasia no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y dar respuesta a un reclamo social y profesional vigente desde hace años.
Contexto legal en Argentina: eutanasia activa vs. eutanasia pasiva
Aunque el país no cuenta hoy con una ley de eutanasia activa, sí existe un marco legal para la eutanasia pasiva gracias a la Ley 26.742, que permite a pacientes con enfermedades incurables o terminales rechazar tratamientos —incluyendo hidratación o alimentación artificial— cuando solo prolongan la agonía.
En la región, Uruguay se convirtió recientemente en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia, un precedente que suma presión al debate argentino.
Barreras culturales y resistencia social al debate sobre la muerte
El especialista en Medicina de Emergencias y Bioética, Carlos “Pecas” Soriano, señaló a El Litoral que en Argentina persisten fuertes obstáculos culturales.
Entre ellos:
Una negación social de hablar de la muerte.
La percepción en parte del personal de salud de que la muerte representa un fracaso médico.
La negación familiar que dificulta la toma de decisiones compartidas.
Soriano afirma que persiste un encarnizamiento terapéutico sin intención maliciosa, a pesar de que la Ley de Muerte Digna existe desde 2012. Muchos pacientes desconocen que están amparados para rechazar procedimientos que prolongan un sufrimiento irreversible, tanto físico como psíquico.
Un debate que vuelve al centro de la agenda
Con este proyecto, la UCR busca abrir un debate legislativo y social que enfrente uno de los temas más sensibles y postergados del sistema de salud argentino: el derecho a decidir sobre el propio final de vida.
La discusión promete ser amplia y atravesar cuestiones éticas, jurídicas, sanitarias y culturales, en un contexto donde cada vez más países avanzan hacia modelos de muerte asistida regulada.