Una dramática realidad de difícil solución han planteado los comerciantes con respecto a las desigualdades con que se enfrentan y que se agravan día a día. No sólo hablan de competencia despareja a raíz de aparición de negocios no regulados, de la creciente venta ambulante y del avance del contrabando, sino de la presión fiscal y de los fuertes aumentos de los alquileres. Todo esto ha dado lugar a una situación que para muchos es terminal, a tal punto que evalúan optar por la informalidad como estrategia de supervivencia.
Tal como planteó en la nota “El comercio advierte sobre el avance de la informalidad en Tucumán” la titular de la Cámara de Comercio, Gabriela Coronel, describió que hay competencia desigual con la apertura indiscriminada de importaciones, la actualización de alquileres y la presión impositiva. Dentro de las cuatro avenidas han sido relevados unos 7.500 locales, de acuerdo con la Cámara. En ese marco, hay casos de comerciantes que pasaron de pagar $2,5 millones a $5 millones, según el relevamiento privado. Además, sólo en el microcentro capitalino hay 35 ferias, además de los locales en El Bajo y los denominados “chinos” que operan con horarios y prácticas que el comercio registrado no puede replicar, según definió Coronel. La Cámara de Comercio nacional ha descripto, por ejemplo, el aumento exponencial en las importaciones en electrodomésticos, mayormente desde China. Los lavarropas automáticos pasaron de 51.000 unidades en 2023 a 916.000 en lo que va de 2025, y las heladeras de 76.000 en 2023 a 771.000 en 2025. Esto plantea una situación muy negativa para los productores locales, que compiten en desventaja debido a los costos estructurales -por ejemplo, tasas e impuestos- que tienen que afrontar.
Se agrega la crisis por el incremento del contrabando, tal como dan cuenta los secuestros del Operativo Lapacho. Según se informa en una reciente nota de “La Nación”, la ilegalidad supera el 30% de los teléfonos móviles y el 38% de los textiles, indumentaria y calzado.
El titular de la FET expresó que “la actividad está enfrentando la baja de las ventas con recursos propios, sosteniendo el stock, aplicando promociones y organizando eventos”, entre otros mecanismos. Hay comerciantes que están cambiando drásticamente la forma de trabajo, dejando los locales por el costo del alquiler, sacando la mercadería y vendiendo desde una casa (“showroom”).
Pero son salidas frente a una cuestión mucho más amplia, que abarca la reconversión a que está obligado todo el sistema, empujado por la crisis y por el acelerado cambio de paradigma que plantea el Gobierno Nacional. ¿A quién beneficia todo esto? ¿A los consumidores? ¿Significará el fin del comercio como se lo conoce ahora? ¿A qué costo? Todo eso requiere estudios profundos y debates de los referentes del sector con los responsables de la política provincial y nacional. Se puede entender que haya intenciones de cambio, pero también hay que analizar sus duras consecuencias presentes y futuras.