El 25 de noviembre de este año llegó al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia una nota. No se trataba de una misiva más. Era una “Objeción de conciencia” de un camarista.
La nota aparentemente no alteró los nervios del titular del Máximo Tribunal. Para nada. No obstante, se coló por los pasillos de Tribunales, se sentó en las mesas de los cafés aledaños y fue dando que hablar a los habitués del Palacio de Justicia.
El camarista Benjamín Moisá había planteado en esa nota que para él las Oficinas de Gestión Asociada -en Tribunales todos las tratan por el apodo: OGA- son estructuras que no se ajustan a la Constitución y que afectan la independencia de la tarea de los jueces.
Cuando su sesudo planteo se hizo “vox populi” los celulares empezaron a “whatsapear” los más diversos mensajes, a favor y en contra. Muchos, bajo el silenciador del miedo. Manifestaron sus coincidencias hacia Moisá. Abogados y magistrados destacaron sus preocupaciones porque el expediente sea tramitado por las OGA y quede para el juez sólo la cuestión resolutiva. Todo este sistema que se aplica en Tucumán fue hecho por ley oportunamente y viene funcionando incluso con reconocimientos de otras provincias. Sin embargo, pareciera que aún quienes lo aplican tienen objeciones -no de conciencia- pero no se animan a expresarlas. En Tribunales hay fantasmas que asustan a más de uno de sus integrantes. Algunos inquilinos de las oficinas se asustan por su futuro y hay letrados que van y vienen y que son incapaces de dar la cara o de expresarse porque temen represalias que luego afecte a sus clientes.
Una democracia se consolida cuando deja de temerle al debate y entiende que, en la fricción de las ideas, toma calidad y valor el futuro. Aunque hoy se practique muy poco, incluso en la Corte Suprema tucumana donde cuesta encontrar una reunión presencial de todos, aún para las acordadas, el intercambio de ideas es un antídoto para el autoritarismo. El debate permite corregir errores y mejorar cualquier decisión. En esta sociedad mal educada, el diálogo es una forma de educar a la comunidad. Por eso, bienvenida fue la trascendencia pública que tuvo la objeción de conciencia de Moisá.
No fue la Corte, precisamente, la que abrió el debate sino un abogado del foro local. El doctor Eduardo Rothe salió a la palestra y lisa y llanamente tomando como estandartes de su discurso a Muhammad Ali y al egregio civilista tucumano Fernando López de Zavalía, planteó la lógica de que ante la afectación de la conciencia el camino de la renuncia era el destino obligado. En todo caso se debería hacer otro tipo de planteo, esgrimió el abogado Rothe. Este letrado volvió a dejar planteado lo que parece parte de la lógica tribunalicia. Los fantasmas, con Matías a la cabeza, volvieron a revolotear con aplausos y críticas que no se dirán en público, porque la democracia y su hijo, el debate, están enfermos. Precisamente, al finalizar su opúsculo, Rothe adverte: “mientras discutimos si la conciencia del juez es compatible o no con una oficina administrativa, se nos escapa la oportunidad de un debate serio y profundo sobre cómo mejorar el servicio de justicia que recibe la sociedad, el que deja bastante que desear”.
Tras los muros, sordos ruidos
En la necesidad de indagar a los fantasmas y de buscar, incluso, en el interior de los silencios de los pasillos se pueden leer intríngulis que se esconden tras los pesados muros que oír se dejan. Tras las loas o los silbidos a los dos hombres que dieron la cara (Moisá y Rothe) hay una mirada escrutadora al Máximo Tribunal. En la carta del camarista Moisá hay un frase que podría ir subrayada con amarillo fosforescente: “El juramento que presté al asumir mis funciones no fue de obediencia a la Corte, sino de obediencia a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. Los temores de muchos de los actores también miran hacia la Corte. Algunos con razón, otros sin ella. Pero cualesquiera sean los casos, el temor no debería convivir con los fantasmas de la Justicia.
Mundos paralelos
Los abogados que pisan las seis décadas (y que se animan a hablar, aunque solo bajo un estricto off the record) afirman que en la disputa en torno de las OGAs se adivina, con bastante nitidez, la trama más pedestre de dos vidas paralelas, durante buen tiempo unidas por un vínculo más que cordial, que en un momento crucial se rompió: dos abogados casi de la misma edad, formados en las mismas aulas, uno consagrado como medalla de oro y convencido de que su expediente académico –reforzado por las sugerencias de un cuñado en algún momento poderoso– lo llevaba naturalmente a la cima, y otro que se recibió con promedio aplazo, que eligió descender al barro de la política, tejer apoyos y construir un respaldo invencible allí donde no llegan los seminarios ni las publicaciones especializadas. Cuando se produjo la vacante en la Corte, el primero pudo haber vivido con secreta certeza que la poltrona suprema lo esperaba, mientras el segundo, con fornidos apoyos del poder, fue el que finalmente terminó ocupando ese sitio. Hoy, muchos años después tal vez esa fractura biográfica sea la que hoy actúa como telón de fondo en un debate que, visto así, pierde buena parte de su supuesta intensidad institucional.
La otra pregunta
Al concluir su parecer, Rothe parece pedir otros debates. Por eso a pesar de la historia anterior, surge desafiante sobre la mesa una pregunta mayor y más interesante: ¿de qué modo, y según qué criterios reales –más allá de promedios y vínculos de poder– deberían ser designados los jueces, incluso los supremos, en un sistema que presume de tomarse en serio la justicia?
Los dichos populares que suelen venir de los ciudadanos con mayor experiencia y en este caso aparece sobre el teclado de la computadora aquel que sostiene que “cuando los abogados discuten la primera víctima es la verdad”. Seguramente el daño será mayor si en la discusión coquetean diferencias personales que no pueden disimular las togas que los inviste. En esos casos, la esgrima no se da a cara descubierta ni con golpes frontales, sino que asume la forma de una retórica pomposa y deliberadamente ambigua. Cada parte blande la Constitución como si fuera un florete, pero la estocada pareciera que no busca esclarecer el caso sino deslegitimar al adversario. Algo muy común en nuestro Tucumán. Estamos ante un duelo cifrado, que inevitablemente reduce al ciudadano al papel de espectador desconcertado de una pelea que se anuncia como una trascendental teoría institucional, pero que muy posiblemente está atravesada por otras cuestiones.
Y eso, sin dudas, nunca será lo importante, porque al ciudadano lo que le preocupa no es la intriga palaciega, sino su derecho a recibir un servicio de justicia de calidad.
Otras objeciones
La Legislatura de Tucumán es autora de la ley que reglamenta las famosas, polémicas y objetoras OGA. Han sido los legisladores los que han delegado a la Corte el poder de administrarlas. Tal vez allí debería iniciarse un debate aunque está claro que las preocupaciones de la Cámara legislativas son otras por estos tiempos.
La reforma política es una brasa sobre los escaños deliberativos. Y, está claro que en las filas oficialistas hay tal vez una objeción de conciencia. ¿La habrá? Es que los legisladores del poder llegaron de la mano del sistema vigente. Armaron sus estructuras políticas a partir de él. Dependen de esa forma de hacer política. Si eso es así y además está establecido en la Constitución es muy difícil que puedan generar una reforma electoral profunda. Paralelamente hay un importante sector de la sociedad que grita la necesidad de reformular el sistema. Durante la semana que se fue y nunca más volverá, un grupo de empresarios jóvenes andaban a la pesca de firmas para pedir algunos cambios. Sin duda que la obligación del representante del pueblo es escuchar los gritos de la sociedad. En esa disyuntiva navegan los legisladores del oficialismo con un peso al que no querrían haber llegado en diciembre.