Una defensoría oficial de la capital del Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD) de Tucumán y el propio ministerio se encuentran en el centro de la escena judicial, tras dos demandas civiles por daños que apuntan directamente contra su titular, Sofía María Anadón y circunstancialmente contra el ministro Washington Navarro. Las denuncias provienen de fuentes distintas, pero convergen en cuestionar el desempeño, la ética y la dedicación de la funcionaria, quien por un lado es señalada por su responsabilidad en la muerte de un detenido vulnerable bajo su custodia legal, y por otro, por presuntamente convertir la oficina pública en un centro de operaciones comerciales.

El caso más sensible es el de Gonzalo Rodrigo Díaz, un joven de 22 años con problemas de salud mental y consumo de sustancias, cuya madre, Julia Antonia Suárez, además presentó una denuncia formal ante la Comisión de Juicio Político, que fue rechazada. Díaz fue aprehendido el 4 de febrero, a las 10.30, por hurto simple, y la Defensoría de turno (la N° 3 a cargo de Anadón) fue notificada de su detención a las 14.05. Díaz fue encontrado muerto por asfixia mecánica por ahorcadura en la comisaría Segunda a las 16.20 de ese mismo día.

La denuncia de Suárez acusa a Anadón de mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, argumentando negligencia grosera. En la presentación se destaca que Anadón “tenía conocimiento previo de la vulnerabilidad de Díaz por una intervención anterior de su misma defensoría en enero de 2025 y enero de 2024”. Pese a este conocimiento y al deber específico de velar por la integridad del detenido, “Anadón nunca apareció, ni dio instrucciones para una visita carcelaria, ni solicitó medidas urgentes de protección o evaluación psiquiátrica o traslado, acciones que eran obligatorias bajo la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, dado el alto riesgo”, dijo la denunciante.

Díaz, dijo su madre, murió sin que ningún abogado defensor, ni Anadón ni su auxiliar Laura Fernández, se comunicara con él. Además, se subraya que la detención ocurrió en la comisaría Segunda, una dependencia de público conocimiento en Tucumán por su riesgo de derrumbe y condiciones edilicias deplorables e inhumanas, situación que la defensora debió haber denunciado y exigido el traslado de su asistido, se afirma. La demanda civil iniciada por la madre busca que tanto el Superior Gobierno de la Provincia como la defensora Anadón respondan solidariamente por daños y perjuicios, incluyendo la pérdida de chance. El monto total reclamado en la demanda por la muerte de Díaz asciende a $68,5 millones. Este resarcimiento económico se desglosa en dos rubros principales: daño moral y pérdida de chance. El reclamo busca cubrir las lesiones causadas a la familia de Díaz al perder la vida de un joven y la lesión a su familia por la “negligencia grosera" de la defensora.

Simultáneamente a la tragedia de Díaz, una segunda denuncia, esta vez de índole ética y administrativa, fue presentada por la ex prosecretaria judicial Noelia Grisel Medina Núñez, quien había sido cesanteada de su cargo. Medina Núñez acusa a Anadón y a la auxiliar María Laura Fernández de violación del régimen de incompatibilidad y del Código de Ética por el ejercicio de actividad comercial dentro de la Defensoría.

Según esta denuncia, la defensora Anadón utilizaba su cargo y los grupos de comunicación laboral (en grupos de chats denominados "Defensoría Tercera 3" y "DIVISIÓN PALERMO") para promocionar y vender productos alimenticios de un comercio denonimado "Olys Bowls Nutritivos", negocio vinculado a su cónyuge, según la denuncia. Esta práctica, dijo Medina Núñez, se realizaba durante el horario de trabajo e incluso se utilizaba su posición jerárquica para presionar a los empleados a consumir los productos.

La auxiliar Laura Fernández, se denunció, realizaba una práctica similar, vendiendo empanadas y pizzas de su pareja bajo el nombre comercial "El Grandote", aprovechando también el espacio laboral y los grupos de chat, todo con el presunto consentimiento de Anadón. La denunciante aportó capturas de pantalla de los chats que demuestran la constante coordinación de pedidos, discusión de menús y precios, y promoción de sucursales de OLYS, interrumpiendo las tareas judiciales, dijo la ex empleada del Ministerio.

Medina Núñez, quien era prosecretaria, sostiene que esta dinámica obstruía el normal desarrollo de las tareas de la Defensoría, violando el deber de dedicación exclusiva y la prohibición explícita de ejercer el comercio para funcionarios públicos, según la Ley N° 25.188 de Ética Pública y la normativa interna del MPD. La denuncia sugiere que Anadón incurrió en abuso de autoridad al usar su influencia sobre subordinados (algunos de los cuales habrían ingresado por su recomendación) para obtener un rédito comercial. Pero además Medina Núñez inició demanda por haber sido cesanteada de su cargo, según dijo, sin motivo, y por haber sufrido durante el tiempo que trabajó allí situaciones de violencia psicológica. Según ella, desde que comenzó a trabajar con Anadón, luego de haber estado en otras defensorías, comenzó a ser perseguida, hostigada y violentada institucionalmente.

Las dos presentaciones que se realizaron en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura fueron rechazadas, pero el proceso continúa en la sala II de la Cámara Contencioso.

La respuesta del Ministerio

Si bien no hubo declaraciones de manera oficial, en el Ministerio Público de la Defensa que conduce Washington Navarro rechazaron las acusaciones realizadas en ambos casos, tanto por la muerte del detenido Gonzalo Díaz, como con la situación de la ex prosecretaria Noelia Medina Núñez. Según se indicó, en el caso del detenido se actuó en base a los protocolos y en ningún momento se dejó sin asistencia al joven sino, dijeron, desde el principio estuvieron involucrados en el caso y monitoreando lo que sucedía con su situación. Igualmente, dijeron, se presentaron todos los documentos pedidos para deslindar responsabilidades. En el caso de Medina Nuñez advirtieron que la prosecretaria fue suspendida en dos ocasiones, y finalmente cesanteada a raíz de lo que se considera faltas graves. Dijeron que la primera sanción fue por haber presentado un certificado médico falso, a raíz de inasistencias a su trabajo por lo que en septiembre de 2023 se la suspendió por cinco días. La segunda, en 2024, y por 15 días, se dio por haber efectuado entrevistas en el marco de su trabajo, pero como psicóloga (título que además ostenta) y no como prosecretaria “transgrediendo la esfera de sus funciones y competencia”. Finalmente llegó la cesantía, en agosto de este años, ya que utilizó recursos del Ministerio e influencias para actuar en una causa a la que no estaba asignada, en la cual además su esposo era parte. Por todo esto, dice el informe oficial, por tratarse de causas graves, se decidió la cesantía.