El gobierno de Javier Milei presentó una apelación contra el fallo que había declarado inválido el protocolo antipiquetes impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich y consiguió que la sentencia quede suspendida de manera provisoria. 

El recurso fue admitido por el juzgado que intervino en primera instancia y ahora será la Cámara Contencioso Administrativo Federal la encargada de definir si la medida del Ministerio de Seguridad nacional es válida.

La presentación fue realizada por el Estado nacional a través del área de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, que impugnó la decisión judicial del 29 de diciembre y solicitó que la apelación tenga efecto suspensivo, pedido que fue aceptado por el magistrado, consignó el diario "Ámbito".

Como resultado, el fallo que había declarado la nulidad del protocolo quedó sin efecto hasta que se pronuncie la Cámara. En la práctica, esto implica que el esquema antipiquetes continúa vigente y puede ser aplicado mientras se resuelve la instancia de apelación, si así lo dispone el Gobierno nacional.

En el ámbito judicial señalaron que la concesión del recurso suspende automáticamente los efectos de la sentencia y mantiene la situación previa al fallo. De este modo, no se producen cambios inmediatos en el accionar de las fuerzas federales frente a manifestaciones o cortes de tránsito en el ámbito federal.

La resolución cuestionada había sido anulada en el marco de una acción de amparo presentada por organizaciones de derechos humanos, que objetaron su legalidad al considerar que afectaba derechos constitucionales vinculados a la protesta social.

En su apelación, la administración libertaria argumentó que el protocolo no limita ni regula el derecho a manifestarse, sino que fija criterios de actuación para las fuerzas de seguridad ante posibles delitos, especialmente aquellos relacionados con el bloqueo de la circulación y el transporte.

El oficialismo también advirtió que la sentencia de primera instancia le provoca un “gravamen irreparable” y alertó sobre el impacto institucional de dejar sin efecto una herramienta que, según su postura, apunta a preservar el orden público y la libre circulación.

El futuro del expediente queda ahora sujeto a los tiempos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Este martes es el último día hábil antes del inicio de la feria judicial de enero, un elemento que puede incidir en la definición del caso.

Si el tribunal no habilita el tratamiento durante el receso, la discusión se retomará en febrero y el protocolo antipiquetes seguirá vigente durante toda la feria judicial.

La eventual habilitación dependerá de que los jueces consideren que existe una urgencia institucional que justifique abordar el tema fuera del calendario judicial ordinario.

Mientras tanto, la disputa se mantiene abierta tanto en el plano judicial como en el político. Para el Gobierno nacional, la apelación reafirma su decisión de sostener una de sus principales políticas en materia de seguridad y orden público. Para quienes cuestionan el protocolo, el proceso judicial ingresa ahora en una nueva etapa.