El ícono de la canción latina, Julio Iglesias, decidió enfrentar públicamente las graves imputaciones que lo señalan como autor de presuntos delitos sexuales y trata de personas. Tras días de hermetismo luego de que estallara el escándalo en medios internacionales, el artista de 82 años emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram calificando las acusaciones como "absolutamente falsas".

Con un tono de consternación, Iglesias expresó que responde con profundo pesar a los dichos de dos personas que trabajaron anteriormente en su casa. "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", escribió el cantante.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", publicó en la red social y agregó: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

El caso salió a la luz tras una investigación periodística de Univisión y elDiario.es, que recogió los testimonios de una ex trabajadora doméstica y una ex fisioterapeuta.

Las mujeres, identificadas con los nombres ficticios de "Laura" y "Rebeca", denunciaron haber sufrido vejaciones, acoso y violencia sexual, incluyendo penetraciones no consentidas, en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.

Según el relato de las víctimas, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando ellas tenían 22 y 28 años. Las denunciantes describieron un escenario de cautiverio y explotación: Iglesias les habría prohibido salir de la propiedad, confiscado regularmente sus teléfonos celulares e impuesto jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin descanso y sin contrato formal, configurando un cuadro de violencia psicológica, física y económica.

La estrategia judicial

La causa judicial cuenta con el respaldo de organizaciones de peso como Amnistía Internacional y Women's Link. El pasado 5 de enero, estas entidades pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía española, argumentando que podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, servidumbre y delitos contra la libertad sexual.

Aunque los hechos ocurrieron en el extranjero, la abogada Gema Fernández explicó que la legislación española ofrece una vía interesante para garantizar el acceso a la justicia de estas mujeres.

La Fiscalía, que ya se encuentra examinando las denuncias en fase preprocesal, tomará declaración a las dos mujeres bajo la figura de testigos protegidos. El organismo dispone de un plazo inicial de seis meses, prorrogable por otros seis, para decidir si desestima el caso o avanza con la imputación formal.

Mientras tanto, la noticia ha generado una fuerte conmoción en España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confesó que la información revelada le produce "terror y pánico", mientras que otros miembros del gobierno admitieron que están evaluando la posibilidad de retirarle al cantante la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes si la justicia confirma la veracidad de los hechos.